La Fiscalía plantea al juez Kevin Castel que la designación de un abogado litigante adicional sería una medida preventiva para evitar cualquier deterioro repentino e inesperado en la condición médica del abogado Raymond Colón, quien ejerce como defensor de Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico durante el juicio programado para el 5 de febrero de 2024.
Además, sostiene que la incorporación de un nuevo abogado defensor garantizaría la continuidad del proceso, evitando así demoras innecesarias o aplazamientos a mitad del juicio.
"El nombramiento conllevaría el beneficio de preservar y asegurar el orden del proceso judicial para todos los acusados, la eficiencia en la utilización de los recursos por parte del Tribunal y las partes, así como la adhesión al calendario del jurado", escribe la Fiscalía en la nota enviada este viernes 19 de enero de 2024 al juez Castel.
¿Aplazamiento?
Dado que este nombramiento exigiría un breve período de tiempo para que los abogados recién designados se familiaricen con el caso, la Fiscalía dice que no se opondría a un breve aplazamiento del juicio, siempre que esto esté sujeto a la disponibilidad del Tribunal.
Las quejas de JOH y El "Tigre"
Durante la conferencia del 18 de enero, tanto Juan Orlando Hernández como Juan Carlos Bonilla expresaron su descontento con sus respectivos abogados.
"Aunque es común que los acusados planteen quejas sobre sus representantes legales antes del juicio, a veces consideradas tácticas dilatorias, el Gobierno sostiene que en este caso sería apropiado realizar investigaciones adicionales tanto a los acusados como a sus abogados defensores", plantea la Fiscalía.
En la audiencia previa al juicio, Juan Orlando Hernández afirmó, entre otras cosas, que él y Raymond Colón "estuvieron de acuerdo... a presentar mociones sobre estipulaciones, también testigos de Honduras, preparar citaciones para testigos aquí en Estados Unidos... y nada de eso ha sido presentado ante ustedes", señala el ente Fiscal.
Además, Bonilla afirmó que "se presentaron varias situaciones en las que él y su abogado no coincidieron" y, en términos generales, que su "defensa no se ha llevado a cabo de manera adecuada, lógicamente, porque tenemos una barrera que es el idioma", señaló.
Por eso la Fiscalía plantea que cuando un acusado expresa una queja aparentemente sustancial contra su abogado, el Tribunal debe investigar los motivos de su insatisfacción.
Por ende, como precaución ante posibles interrupciones del juicio, el Tribunal dice la Fiscalía que podría, de manera similar a la respuesta anterior a la solicitud de Bonilla para un nuevo abogado, designar abogados adicionales para Hernández con el fin de asegurar el flujo continuo del juicio y del proceso.
Este es el planteamiento que realiza la Fiscalía tras la audiencia previa al juicio desarrollada el 18 de enero de 2024, queda en manos del juez Kevin Castel determinar si procede a nombrar los abogados públicos solicitados por los dos acusados y si también, determina aplazar el juicio que está revisto para el 5 de febrero de 2024.
La Fiscalía presenta esta propuesta después de la audiencia previa al juicio que tuvo lugar el 18 de enero de 2024.
Ahora, la decisión de designar los abogados públicos solicitados por los dos acusados y de posiblemente aplazar el juicio, programado para el 5 de febrero de 2024, recae en manos del juez Kevin Castel.
