"La corrupción política y los vínculos con el narcotráfico en Honduras tiene sus raíces en el alto costo de las campañas electorales", dicen analistas consultados a tunota.com
"Cuando un spot publicitario en horario estelar cuesta $1,800, es fácil entender por qué los políticos recurren al dinero ilícito para financiar sus campañas", afirma Raúl Pineda Alvarado.
Según el analista, si antes eran los empresarios quienes financiaban las campañas, hoy este papel lo desempeñan los narcotraficantes.
Casos similares
Pero este problema no es exclusivo de Honduras. Casos similares se han visto en Colombia, como el de Ernesto Samper, donde hasta hubo un juicio al respecto.
"Es difícil encontrar un político que no haya recibido, directa o indirectamente, dinero proveniente del crimen organizado. La peor corrupción es la que viene de los traficantes, ya que genera violencia y otras formas de delincuencia, como la extorsión y el tráfico de personas", dice Pineda.
Por ello, el experto en financiamiento político Kevin Casas-Zamora asegura que la infiltración del crimen organizado en la financiación de campañas políticas representa un enorme riesgo para la región.
"La presencia del crimen organizado en América Latina está extremadamente extendida, posiblemente más que en cualquier otra parte del mundo".
El control
En Honduras, la proliferación de procesos electorales, iniciada con el gobierno de Roberto Suazo Córdova, ha disparado los costos de las candidaturas, señalan los expertos.
"El Tribunal y Consejo Electoral está solicitando 1,300,000,000 de lempiras para la selección de candidatos y elección de autoridades de los partidos, una cifra obscena para un país tan pobre", lamenta Pineda Alvarado.
Esta situación asegura que atrae intereses corruptos que buscan controlar las rutas de narcotráfico, a fiscales, tribunales, policías y militares.
Por ello es clave reducir los costos de las campañas y permitir la participación de candidatos por sus méritos, lo que podría disminuir drásticamente la influencia del narcotráfico.
No es casualidad que, frente a esta realidad, la Fiscalía de Nueva York mencionara durante la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández que "los narcotraficantes se han convertido en políticos y viceversa".
Aunque pocos narcotraficantes se dedican directamente a la política, lo hacen a través de intermediarios.
Además: El Partido Nacional, penetrado por el narcotráfico, ¿se resiste a su depuración?
Acciones débiles
En Honduras se promulgó un Código Penal que favorece a los traficantes, y el Gobierno ha sido débil en sus acciones contra el tráfico de drogas, lamenta Raúl Pineda.
"Esto ha llevado a que una nación extranjera, como Estados Unidos, juzgue a altos funcionarios hondureños involucrados en actividades delictivas", refiere.
Y es que los políticos piden financiamiento a los traficantes, quienes prefieren no tener una participación visible en la política, aprendiendo del error de Pablo Escobar.
Este juicio y sentencia del expresidente Hernández aseguran que sacudirá a las élites políticas, ya que se espera que muchos nombres sean mencionados.
"El caso de Hernández implicaba a personas activas en el poder, lo que dificultaba la presentación de pruebas. A pesar de esto, no ha habido una acción decidida del gobierno hondureño para extraditar a los traficantes que huyeron a Nicaragua", cuestiona el analista.
Por ello dicen que la lucha contra el narcotráfico debe continuar, con más órdenes de extradición, ya que este es un sistema delictivo transnacional que no terminará con la captura de un solo individuo.
En secreto, información de aportantes privados
En 2016, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, más conocida como Ley de Política Limpia, impulsada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La Ley de Política Limpia reemplazó la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) aprobada en 2004.
Aunque uno de los propósitos de la ley es el combate del financiamiento electoral ilegal, es imposible conocer los datos personales de los aportantes privados debido a que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declaró en 2018 esa información como reservada, lo que deja abierta la puerta a las contribuciones de redes ilícitas.
