En tal sentido, el analista Lester Ramírez indicó que existe una ruta legal y otra política para salir de la actual crisis legislativa y retornar a la gobernabilidad en el Poder Legislativo. Ambos caminos están interconectados, pues para cursar por la legalidad deben lograrse acuerdos políticos.
"Esos compromisos transitan por la elección del fiscal, aprobación del presupuesto, etc. Y una vez que se den esos acuerdos políticos se va poder arreglar el entuerto legal que hay en este momento en torno a quién tiene la legalidad de convocar y tomar decisiones", manifestó a tunota.com.
Ramírez comparó este hecho al suscitado en enero de 2022 cuando se juramentó a dos Juntas Directivas del Congreso Nacional y finalmente se instaló la presidida por Luis Redondo, quien cuenta con la aprobación del Poder Ejecutivo, pese a no ser juramentada cumpliendo el procedimiento legal.
En relación a la actualidad, al analista preocupa que la Comisión Permanente, también presidida por Redondo, pueda emitir decretos y que estos sean sancionados por la presidenta Xiomara Castro y publicados como ley.
"Este conflicto va a continuar, no vamos a ver en las próximas semanas un acuerdo, los bandos políticos no están en condiciones de llegar a acuerdos y lo que va a suceder es que va a tener mediaciones a los más altos niveles de los partidos políticos o hacer un tratado de paz para el proceso electoral que pronto va a llegar", explicó.
Caminamos por una senda desconocida
El analista, Carlos Urbizo, indicó que lo sucedido este 31 de octubre pone en peligro la estabilidad política de Honduras y que se asemeja a lo que ocurre en Venezuela, donde existe dos Congresos instalados.
"Estamos entrando a ese campo donde va a haber una Comisión Permanente y la continuación de las sesiones, según lo decidió la mayoría", dijo a tunota.com.
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Para Urbizo, la solución de esta crisis recae en la voluntad, responsabilidad, sensibilidad y capacidad de diálogo que tenga la clase política del país, algo que hasta la fecha no ha existido.
"El Poder Ejecutivo ha estado interviniendo en el Poder Legislativo y no hay voluntad porque quieren las cosas a su manera. La solución obvia es que la mayoría del Congreso se reúnan ante la falta de convocatoria de la Junta Directiva y que tomen decisiones que estén dentro de sus facultades", detalló.
El analista indicó que las autoridades debieron prever esta situación y haber agilizado la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2028, tema que en un principio provocó la actual problemática por la falta de consensos entre oficialismo y oposición que generó una pausa legislativa desde el pasado 31 de agosto.
Preocupación por Comisión Permanente
Para Raúl Pineda, analista político, catalogó como Congreso Nacional activo es el integrado por la oposición y en receso al dirigido por la Junta Directiva, el cual, en cualquier momento puede ser convocado para elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía y aprobar acciones que convengan a la administración actual.
"¿Qué va a pasar?, nadie lo sabe", externó a tunota.com, al mismo tiempo señaló que la Comisión Permanente de Luis Redondo no tiene otra finalidad que seleccionar a los fiscales generales con diputados propietarios y suplentes y cumplir con "decisiones que convengan al estatus quo político que encabeza el señor Manuel Zelaya".
Y es que, según el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución de la República estipula que la comitiva puede seleccionar interinamente en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional.
Pineda también abordó los disturbios suscitados anoche, donde militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) agredieron el 31 de octubre a congresistas de oposición, principalmente del Partido Nacional. Aseguró que los denominados "colectivos" son grupos de choques del oficialismo usados como una de las herramientas para impulsar su proyecto político a cualquier costa.
¿Qué pasa en el Congreso Nacional?
El periodo legislativo del Congreso Nacional de 2023 (25 de enero a 31 de octubre) finalizó sin aprobación vía decreto mientras el presidente de ese poder instaló por la noche una Comisión Permanente para el receso hasta la siguiente legislatura.
Esta fue convocada a reunión este miércoles 1 de noviembre a las 12:00 del mediodía. Sus miembros propietarios son Luis Redondo (presidente), Carlos Zelaya, Hugo Noé, Luz Smith, Silvia Ayala, Edgardo Casaña, Kritzia Pérez, Rasel Tomé y Josué Carbajal.
Paralelamente, con 72 diputados de oposición, en base al artículo 190 de la Constitución, en sesión extraordinaria se aprobó extender el periodo legislativo del 31 de octubre al 25 de enero de 2024.
Esta situación llega después de la pausa de sesiones transcurrida desde el pasado 31 de agosto, cuando sin éxito, en el Congreso Nacional se intentó elegir las autoridades del Ministerio Público. Desde entonces, el fiscal adjunto, Daniel Sibirán siguió en su cargo y tomó el puesto de titular ante el retiro definitivo del fiscal general Óscar Chinchilla. El abogado ha encabezado el ente bajó el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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