Panorama para instalar la CICIH 'no se ve muy propicio', dice exvocera de la MACCIH

La derogación pendiente de leyes que generan impunidad, el no fortalecimiento de los circuitos anticorrupción y los informes de organismos internacionales que indican que en Honduras persiste la corrupción, la impunidad y altos índices de violencia, forman parte de un "ambiente negativo" para que se instale la CICIH, según la ex vocera de la MACCIH, Ana María Calderón.

"Yo creo que el panorama no se ve muy propicio para la instalación de la CICIH", declaró Calderón este sábado en el noticiero Diario Matutino de radio HRN.

Calderón, quien fue portavoz de la extinta Misión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), observa que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene voluntad para generar un diálogo con el Gobierno de Honduras, dado que ha enviado representantes al país y ha expuesto los requisitos para apoyar la instauración de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).

Sin embargo, agrega la exintegrante de la MACCIH, "pareciera que no hay la misma reciprocidad por parte del Legislativo y del Ejecutivo de Honduras".

"Ambiente negativo"

Expuso que en el Congreso Nacional se han derogado algunas leyes que eran consideradas obstáculos para la CICIH, pero aún hay normas pendientes de derogar porque generan impunidad.

"La ONU quiere un marco legislativo que le permita utilizar con mayor efectividad las leyes para efectuar el trabajo que se le pide", agregó Calderón.

Mencionó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita en 2023, concluyó en su informe que la corrupción, los altos índices de violencia y la impunidad generalizada son problemas estructurales que deterioran la confianza de la población en sus instituciones y en la administración de justicia.

También hay un informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh) que ha reportado que el sistema de administración de justicia hondureño continúa caracterizado por un alto índice de impunidad.

Además, agregó, Transparencia Internacional (TI) ha colocado a Honduras entre los cuatro países de América que están estancados en la lucha contra la corrupción.

Señaló que los circuitos anticorrupción creados en Honduras, lejos de ser fortalecidos, pareciera que se están desmantelando, y se refirió específicamente a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).

"Este es un ambiente bastante negativo para que un mecanismo de cooperación internacional como la CICIH pueda instaurarse y convertirse en un elemento eficaz en el combate a la corrupción", añadió.

Tardanza en negociación del convenio

Asimismo, Ana María Calderón ve con preocupación la tardanza en las negociaciones de Honduras con la ONU para llegar a un acuerdo para instalar la CICIH, y teme que, en caso de instaurarse, no tenga suficiente independencia para investigar y presentar casos de corrupción.

En este contexto, se refirió al proyecto de ley de la diputada Hortensia Zelaya Castro, que propone un plazo de cinco años para la CICIH en el país y que sea un querellante autónomo con facultades de acusador privado. La propuesta fue presentada a la ONU y está en revisión, según el Gobierno.

Según Calderón, con este proyecto de ley la CICIH no tendría independencia para actuar en los casos de corrupción, como la tuvo la MACCIH durante su vigencia en Honduras entre 2016 y 2020 tiempo en el que destapó 14 casos de irregularidades en los que involucró a exdiputados y exfuncionarios públicos.

"La MACCIH tuvo éxito por su autonomía; no estábamos para suplir a fiscales sino para acompañar y dejar capacidades instaladas", expresó.

Por último, Ana María Calderón manifestó que mientras la ONU no dé su opinión final respecto a la instalación de la CICIH, no se puede considerar que la promesa electoral de la presidenta Xiomara Castro se declare fallida.

El canciller Eduardo Enrique Reina confirmó el viernes 14 de junio que la ONU pidió a Honduras extender hasta diciembre de 2024 el memorándum de entendimiento para negociar los términos de instauración del mecanismo anticorrupción. Es la tercera vez que se amplía el plazo desde diciembre de 2022.