Según argumentan desde el Legislativo, estos fondos servirán para gestionar proyectos en comunidades a través de instituciones públicas.

Esto quedó consignado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023, específicamente en el artículo 292, que autorizó un presupuesto de hasta L950 millones para "desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua y cajas rurales".

A pesar de que el presupuesto entró en vigor desde el pasado 12 de enero, es hasta este momento que reluce la asignación de estos fondos, que no serán administrados ni liquidados por los congresistas, sino que por secretarías e instituciones del Estado.

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"Hay que explicarle a la ciudadanía que el diputado no va a manejar un tan solo cinco, solo será gestor a través de las instituciones que indica la ley. Ellos solicitarán los proyectos y nosotros le daremos un porcentaje a estas instituciones", declaró el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón.

Las instituciones y secretarías de Estado que indica el artículo 292 del Presupuesto de Ingresos y Egresos son: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito).

La ley explica, además, que la Secretaría de Finanzas queda autorizada para realizar "las operaciones necesarias, previa solicitud de las instituciones referidas".

"En eso se diferenciará de los Fondos Departamentales, que ahora serán las instituciones quienes liquidarán, también serán las instituciones quienes se llevarán el crédito de las obras o los proyectos, no nosotros", añadió el diputado Girón.

Pendiente derogación de Fondos Departamentales

En el Congreso Nacional no existen consensos para eliminar el decreto 116-2019, que regula la figura del Fondo Departamental, pero que a la vez limita las funciones investigativas del Ministerio Público.

Esto debido a que en casos de corrupción obliga a los jueces a solicitar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) un informe de auditoría o de investigación a funcionarios públicos o diputados, que puede demorar hasta seis años.

La vigencia de este decreto alentó que diputados y diputadas, acusados por la Fiscalía en casos como Arca Abierta, recibieran sobreseimientos definitivos y provisionales.

Distintos sectores nacionales e internacionales solicitan la derogación del decreto 116-2019, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

A pesar de lo anterior, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, asegura que todavía le faltan cuatro de los 86 votos requeridos.

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