Así lo indicó la abogada Kenia Oliva, representante de organizaciones campesinas, quien presentó en 2020 un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional.

Sin embargo, aseguró que fueron los actuales magistrados de esa sala, cuyas funciones iniciaron el 17 de febrero de 2022, quienes decidieron valorar "los argumentos presentados en el recurso de amparo presentado hace unos años".

De acuerdo el recurso de amparo, la supuesta sustracción de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), investigada tiempo atrás por el Ministerio Público, perjudicó a miles de campesinos.

Oliva manifestó que los grupos campesinos que ella representa dejaron de recibir recursos de la SAG, que habrían servido para ser invertidos en proyectos de desarrollo de distintas comunidades.

Añadió que, en total, fueron tres los recursos de amparo presentados por parte de organizaciones campesinas.

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Otro recurso de amparo lo presentó el Ministerio Público por un sobreseimiento que otorgó una Corte de Apelaciones designada por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, a favor de los imputados en el Caso Pandora.

"Pedimos a la Sala que revisara esa decisión de la Corte de otorgar sobreseimientos definitivos sin haber valorados las pruebas y sin tomar en cuenta los argumentos", indicó Oliva.

Y agregó: "Fue una resolución que no estuvo motivada y que, por lo tanto, favorecía a los acusados, y dejaba desprotegidos a los campesinos que dejaron de recibir este dinero".

Caso Pandora

El Ministerio Público acusó en 2018 a 33 personas por malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.

Entre los imputados figuraron algunos exdiputados del Partido Liberal y del Partido Nacional, como Elvin Santos, Rodolfo Irías Navas y Celín Discua, entre otros.

Asimismo, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallo, viudo de Hilda Hernández -la supuesta artífice del desfalco a la SAG- y cuñado del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora procesado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de estas personas fueron beneficiadas con sobreseimientos definitivos y provisionales emanados de la Corte Suprema de Justicia.

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