El Gobierno critica al CIADI, rechazando que un tribunal internacional defina asuntos de soberanía. Aunque abandonar el CIADI parece sencillo al presentar una solicitud escrita, la falta de inversión posteriormente complica la situación. La seguridad que proporciona el CIADI para arbitrajes desaparecerá, dejando al Estado expuesto a controversias con empresas, dicen analistas. Ocho inversionistas y Próspera continúan con sus reclamos, y existe el riesgo de que otras empresas extranjeras presenten demandas ante el CIADI.