"Es una acción bastante retardada por parte de Uferco. Es una instrumentalización política del Ministerio Público", señaló Erazo en entrevista con Hoy Mismo de TSi.

Erazo también arguyó la existencia de un temor en el Ministerio Público de que el expresidente Juan Orlando Hernández pueda ser absuelto en su proceso por delitos de tráfico de drogas y armas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cuyo juicio está programado para comenzar el 5 de febrero de 2024.

"Y entonces necesitan tenerlo con un requerimiento y una orden de captura dentro del país en caso de que pueda regresar a Honduras, capturarlo, meterlo preso y neutralizarlo políticamente", consideró.

Además, el analista político manifestó su "sorpresa" ante la acusación contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien se encuentra bajo investigación por corrupción en el mismo caso, pero quien ha desestimado las acusaciones y las ha atribuido a una persecución política que tiene por objetivo que Libertad y Refundación (Libre) escoja a un fiscal general "a su medida", según dijo a un medio local.

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Pandora II

El caso "Pandora II" implica a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández en acusaciones de fraude y lavado de activos relacionados con hechos ocurridos entre 2010 y 2013, cuando Lobo ocupaba la presidencia de Honduras y Hernández era el presidente del Congreso Nacional.

La Uferco presentó requerimientos fiscales contra seis exfuncionarios, incluyendo al extitular de la Secretaría de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, por fraude.

Las acusaciones se basan en la participación de estos exfuncionarios en una red de corrupción que facilitó la aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de L288,016,175.00 hacia fundaciones como Todos Somos Honduras y Dibattista, utilizando empresas ficticias, prestanombres y contratos ficticios, con el fin de dirigir los fondos a campañas electorales.

La Uferco anunció su intención de solicitar citaciones, órdenes de captura y alertas migratorias para los implicados en este caso.

La presentación de los requerimientos fiscales tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia debido a la condición parlamentaria de Juan Orlando Hernández, quien continúa siendo diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) a pesar de su extradición a los Estados Unidos en 2022 por cargos relacionados con el narcotráfico.

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