Las declaraciones fueron dadas en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebra cada 30 de julio, y explicaron el desafío que representa esta problemática para el Estado hondureño, al atacar la convivencia armónica de la sociedad y vulnerar la libertad y dignidad de los seres humanos.

La titular del Conadeh enfatizó en que la trata de personas constituye una violación a la libertad individual y socava varios derechos humanos para las víctimas en su entorno familiar y social. 

"Los desplazamientos forzados, las desigualdades económicas que se traducen en altos niveles de pobreza y miseria aumentan los riesgos de trata y exponen a las personas a ser víctimas de los traficantes", expresó Izaguirre.

Agregó que las personas con limitado acceso a la educación, atención sanitaria, empleo digno, así como aquellos que sufren discriminación, violencia y abusos, son frecuentemente los principales objetivos de los traficantes.

Ante ese contexto, el Conadeh instó a las autoridades hondureñas y a la sociedad en general a unir esfuerzos para fortalecer la prevención, identificación y apoyo a las víctimas, además de poner fin a la impunidad. 

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"Se requiere de la coordinación entre todos los sectores y la suma de esfuerzos para la prevención, así como la protección y la asistencia de las víctimas", sostuvo.

Propensos a ser víctimas

De acuerdo con datos recabados por el Conadeh, los tratantes se centran particularmente en hondureños pertenecientes a la diversidad sexual, migrantes, desplazados internos, personas con discapacidad, menores que realizan trabajo infantil, menores hijos de migrante y personas que viven en zonas controladas por grupos de delincuencia organizada.

En lo que va de 2023, según la estatal Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), en el país se han rescatado a 16 víctimas de trata, de las cuales el 38 % eran niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 15 años, el 32 % mujeres y los restantes hombres y miembros de la población LGTB.

Entre 2019 y 2021, las autoridades hondureñas han investigado alrededor de 320 casos de trata de personas, la mayoría relacionados con fines de explotación sexual y trabajo forzado. 

Sin embargo, solo 66 de los supuestos responsables enfrentaron condena, lo que destaca la urgente necesidad de fortalecer el sistema de justicia para combatir eficazmente este delito, señaló el Conadeh en su pronunciamiento.

La Defensoría del Pueblo también hizo referencia a los numerosos casos de mujeres, niñas y niños desaparecidos en el país. 

"Muchos de ellos posiblemente estén siendo víctimas de trata sin que sus familiares lo sepan", lamentó Izaguirre. 

Y explicó que las personas víctimas de trata quedan totalmente incomunicadas, incluso cambiando sus nombres, "lo que representa una grave vulneración de sus derechos humanos, anulando su capacidad de valerse por sí mismas y acceder a la justicia y otros medios".

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