Desde el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina Normativa de Contratación y adquisiciones del Estado (ONCAE), se eliminó por 60 días la figura del Comprador Público Certificado, argumentando que es para mejorar la baja ejecución presupuestaria que hasta octubre de 2023 rondaba el 60 %.

La determinación, que se hizo mediante la suspensión de los artículos 44-A,44-B y 44-C, permite que instituciones del Estado compren directamente sin necesidad de registros de contratos y sin informar a los órganos responsables de la contratación, como lo dice la ley.

De acuerdo con los expertos, suspender la obligatoriedad del CPC es una medida desacertada del gobierno, ya que esta es una figura importante para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

"Los procesos que se lleven a cabo durante este tiempo que la figura está suspendida, van a presentar irregularidades (...) estamos hablando de posibles actos de corrupción que vienen a dañar aún más al país y que repercuten en el ciudadano", mencionó Alejandra Fuentes, oficial jurídica de la Asosiación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La Ley señala que el comprador público es la persona o funcionario que dentro de cada institución del Estado está autorizada para certificar que el proceso de una compra se realizó correctamente al cumplir con la calidad y el menor precio del producto o servicio contratado y por lo tanto, quien debe responder ante las irregularidades que se presenten.

Al suspenderlo, la ONCAE le da estas funciones a los gerentes o administradores de las instituciones, pero el problema es que no están preparados o capacitados para realizar estas funciones y podrían aprobar la compra de productos o servicios de baja calidad o sobrevaloradas, señalan los expertos.

Discrecionalidad

El Estado es el mayor comprador en el país y existen dos grandes problemas, según el economista Rodulio Perdomo: la falta de instancias que certifiquen la calidad y el beneficio que le dan los líderes políticos a sus aportantes cuando llegan al poder.

"Los partidos políticos normalmente le dicen a sus aportantes a las campañas: 'bueno, cuando esté en el poder te voy a comprar tal y tal cosa por tales y tales millones'", mencionó Barahona.

La medida ha sido cuestionada por la sociedad civil al considerar que abre paso a la discrecionalidad de los funcionarios.

Acelerar ejecución presupuestaria

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Transparencia, Jaime Turcios, aseguró que no es un retroceso e indicó que la medida ayudará a acelerar la ejecución del presupuesto porque detectaron boicot a las compras del Estado.

"Los CPC son un elemento burocrático en las compras públicas, nosotros la medida que tomamos fue suspenderlos únicamente por 60 días para poder agilizar los procesos de compra del gobierno y la inversión pública, porque no todas las instituciones tenían CPC certificados, algunos inclusive fueron del gobierno anterior que hemos detectado cierto grado de boicot a las compras", dijo Turcios

No obstante, la baja ejecución del presupuesto no es una excusa válida para socavar la transparencia y rendición de cuentas, ya que esto ocurre por falta de planificación y negligencia de los encargados de las instituciones públicas, explicó Liliam Rivera, analista de Finanzas y Crédito Público de ASJ.

"A veces por desconocimiento de las personas que están manejando las compras y contrataciones o simplemente pudiéramos decir negligencia de la Administración pública y es una gran responsabilidad realmente teniendo recursos asignados", cuestionó Rivera.

Hasta octubre de 2023, el Gobierno hondureño continuaba aplazado con una baja ejecución de apenas 60% del presupuesto a nivel general y menos del 40% en inversión pública.

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