En un comunicado, los senadores manifestaron que "el presidente Biden debería estar listo para tomar acciones diplomáticas o económicas apropiadas si Honduras no cambia de rumbo. Se debe respetar la voz del pueblo hondureño".

Los legisladores expresaron su preocupación por el nombramiento "unilateral" de fiscales generales interinos en Honduras por parte de una comisión permanente del Legislativo, argumentando que esto "socava la confianza en las instituciones democráticas, especialmente después de meses de negociación".

Además, los senadores destacaron la urgente necesidad de un fiscal general sólido y capaz en medio del aumento de la violencia y la impunidad en el país, instando a todas las partes a "negociar una solución a esta crisis y elegir un fiscal general independiente de acuerdo con la Constitución hondureña".

"Con el aumento de la violencia y la impunidad en el país, Honduras necesita un fiscal general fuerte y capaz", establecieron los senadores.

El pasado lunes, los senadores republicanos Jim Risch y Marco Rubio también instaron al presidente Biden a imponer sanciones "a todos aquellos que busquen socavar la democracia en Honduras", señalando directamente a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, por sus "continuos esfuerzos por socavar la separación de poderes en Honduras",

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El senador Ben Cardin, en ocasiones anteriores, había cuestionado los resultados electorales de las elecciones generales de 2017, en las que se alegó un supuesto fraude que dio la victoria al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Cardin también había expresado preocupaciones sobre las aparentes implicaciones de Hernández en el narcotráfico. El exmandatario hondureño enfrenta actualmente un proceso judicial en Estados Unidos, acusado de tres cargos de narcotráfico.

Situación señalada

El 1 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, argumentando vacancia absoluta, nombró interinamente a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, a pesar de la oposición de otras bancadas.

Sin embargo, el fiscal general adjunto del período 2018-2023, Daniel Sibrián, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando que se le retiró del cargo de manera ilegítima.

Sibrián decidió mantenerse en el cargo y asumir las funciones de fiscal general después de que finalizó su período como fiscal general adjunto el pasado 31 de agosto, amparándose en una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la CSJ del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permite a los funcionarios elegidos por el Congreso permanecer en funciones hasta que se elijan sus sustitutos.

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