La decisión de reservar información por parte del Gobierno en el proceso para firmar el convenio e instalar Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se debe revertir y dar apertura a elementos claves de la negociación, recomienda la sociedad civil.

"Que los elementos torales de la negociación del convenio del tiempo y la ruta a seguir por parte de estas comisiones debe de transparentarse. De lo contrario podrá haber mucha opacidad en el proceso", dijo el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra.

Por su parte, desde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) piden que todas las organizaciones de sociedad civil; gremios y movimientos tengan una participación durante el proceso de la CICIH.

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De su lado, la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelfrod, dijo que respeta la decisión del Gobierno, pero destacó que para la ONU el proceso debería ser abierto.

"Lo importante es que ese proceso sea lo más transparente posible, y como Naciones Unidas respetamos las decisiones que tome el Gobierno de Honduras (...) recordemos que al final la solicitud de una Misión Internacional es de la ciudadanía de Honduras", declaró Shackelfrod.

Es oportuno mencionar que en marzo pasado la Cancillería hondureña decretó la secretividad de las negociones, como recomendación de la ONU, según el canciller Enrique Reina.

La CICIH en Honduras

La CICIH es una iniciativa para crear un organismo independiente e internacional contra la corrupción en Honduras.

Su instalación requiere modificar el artículo 232 de la Constitución, previsto para entrar en vigor en 2025 si se aprueba este año.

El artículo trata sobre las atribuciones del Ministerio Público en la acción penal pública. Tras la aprobación, la Comisión obtendría las atribuciones necesarias.

El Gobierno y la ONU firmaron un acuerdo en diciembre de 2022, extendido hasta junio de 2024, para establecer la CICIH, actualmente en negociaciones sujetas a la aprobación del Congreso Nacional.

Entre las reformas propuestas están la ley de colaboración eficaz y cambios al Código Penal, además de la derogación de la inmunidad parlamentaria y la amnistía política.

A pesar de la presentación de una propuesta de convenio en febrero, mismo que deberá ser aprobado por el Legislativo, aún no hay fecha establecida para su implementación.

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