Tras el requerimiento hecho por la PMOP, se filtró una ficha con los datos personales de Tábora, acusada por el Ministerio Público por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.


Según informó el portavoz de la PMOP, José Coello, Rocío Tábora fue requerida entre las 12:30 y 1:00 de la madrugada de este miércoles durante una operación en El Guasaule, sur de Honduras y fronteriza con Nicaragua.

Tras la detención, la exministra de Finanzas en el segundo Gobierno de Juan Orando Hernández (2018-2022) fue trasladada a Tegucigalpa, donde a las 3:00 de la tarde comparecerá a audiencia de declaración de imputado ante el Tribunal con Jurisdicción Nacional en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

El vocero del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, aseguró en horas de la mañana que Rocío Tábora, de 59 años, había sido detenida por la Policía Militar "cuando intentaba salir por la aduana El Guasaule".

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No obstante, el equipo de defensa de la exfuncionaria aseguró que ella fue presentada de forma voluntaria a las 4:00 de la mañana ante la Policía Militar.

Requerimiento fiscal

El Tribunal Anticorrupción presentó el 9 de noviembre pasado un requerimiento fiscal con orden de captura contra Tábora, por estar supuestamente implicadas en la compra irregular de siete hospitales móviles, en 2020, en el inicio de la pandemia del covid-19 en Honduras.

La acusación abarca también a la exviceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez y la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, quienes supuestamente están prófugas de la justicia y son buscadas por la Policía Nacional y la Interpol.

Entre marzo y abril de 2020, el Gobierno hondureño adquirió los hospitales a través de la empresa estatal liquidada Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), con el empresario guatemalteco estadounidense, Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, para atender la pandemia.

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Según la investigación del Ministerio Público, los hospitales costaron 47.5 millones de dólares, pero hubo un fraude porque el costo real era de 26.5 millones de dólares.

Los hospitales, además de ser entregados de forma tardía por el proveedor, algunos con equipos vencidos o usados, no funcionaron para atender a pacientes contagiados de covid-19 como era el propósito, cuestionó la Fiscalía de Honduras.

Por este caso han sido condenados los exfuncionarios de Invest-H  Marco Bográn y Alex Morales.

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