El decreto 117-2019 establece que la función legislativa es inviolable e indelegable, lo que significa que los diputados no enfrentan responsabilidad penal, civil o administrativa por sus acciones en el ejercicio de esta función. No obstante, el Congreso Nacional es el órgano encargado de evaluar casos específicos de infracción.

Con la derogación de este decreto, los diputados podrán ser responsabilizados legalmente por la aprobación o derogación de leyes que un órgano jurisdiccional determine que causaron perjuicio al Estado hondureño.

De momento, contra la función legislativa únicamente procede la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 185 de la Constitución de la República.

Para derogar el decreto 117-2019 se requieren 65 votos, lo cual vuelve complejo el panorama para el oficialismo, que ha sufrido la falta de acompañamiento del Partido Salvador de Honduras (PSH) y sus 9 votos, y que se enfrenta a la unidad del Partido Liberal (22 votos).

Este último se ha distanciado de Libertad y Refundación (Libre) desde que se aprobó, sin la aprobación del acta legislativa, la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Además, se topan con la férrea oposición del Partido Nacional y sus 43 votos.

La sesión plenaria convocada para el martes 17 de octubre abordará la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, lo cual, ante la falta de consensos, ha paralizado las sesiones legislativas desde el 31 de agosto.

Durante una reunión de jefes de bancada, el pasado 20 de septiembre, se acordó un nuevo mecanismo de negociación directa para lograr consensos en la elección de los fiscales, pero este enfoque ha sido criticado por falta de transparencia por parte del PSH y, desde hoy, por el Partido Liberal.

Ahora, Redondo parece proponer otro mecanismo de presión al bloque opositor, que se mantiene firme en su postura.

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El 29 y el 31 de agosto, el PSH propuso a Marcio Cabañas y Jenny Almendares, obteniendo 74 votos, mientras que la propuesta de Libertad y Refundación (Libre), con Johel Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como fiscal general adjunto, solo consiguió 52 votos.

Reformas al Código Procesal Penal

Otra iniciativa que se presentará en la sesión, de no haber elección del fiscal, es una reforma al Código Procesal Penal a fin de darle amplio poderes a una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH)

Esta reforma legal otorgaría a la CICIH la capacidad de investigar, acusar y llevar a juicio delitos y conductas relacionadas con la corrupción, tanto de personas naturales como jurídicas.

Esto incluiría una amplia gama de delitos, desde procesos de contratación de bienes y servicios hasta enriquecimiento ilícito y conducta administrativa indebida por parte de los titulares de los poderes del Estado, entre otros.

Además, dijo, se investigarán los usos de los fideicomisos y las Alianzas Público-Privada (APP).

De igual modo, se permitirá la persecución penal mediante denuncia penal, y la comisión estará facultada como "acusador popular", una figura que se incorporaría al Código Procesal Penal.

Congreso paralizado

Desde el 31 de agosto, las sesiones legislativas se encuentran paralizadas, debido a la falta de acuerdos por la elección del fiscal general y fiscal general adjunto para el período 2023-2028.

Sin embargo, en los últimos días han instado a la Junta Directiva a convocar a sesiones, mientras que la oposición ha planteado la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias.

De momento, debido a una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Sibrián, quien era fiscal general adjunto, ejerce interinamente como fiscal general desde el 1 de septiembre debido a la vacancia definitiva de Óscar Chinchilla.

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