La Comisión Permanente del Congreso Nacional, que se instaló la noche anterior, tomó esta decisión argumentando la imposibilidad de obtener los 86 votos necesarios para la elección de los fiscales generales y la posición de asegurar que en la fiscalía general del Ministerio Público existía una vacante desde el pasado 1 de septiembre.

La Comisión Permanente basó su acción en el numeral 11 del artículo 207 de la Constitución de la República, que permite la elección interina en caso de falta absoluta de los funcionarios designados por el Congreso Nacional.

Johel Zelaya, nacido el 23 de octubre de 1979, es un abogado y notario que se postuló para el proceso de nominación de fiscal general con la promesa de "trabajar a favor del pueblo y las leyes en Honduras".

Además, es regidor de Reitoca, Francisco Morazán, por el Partido Liberal, aunque sorpresivamente se convirtió en el candidato favorito del oficialismo de Libertad y Refundación (Libre), que finalmente lo nombró como fiscal general interino.

Zelaya cuenta con experiencia como asesor externo de la Procuraduría General de Ambiente durante el gobierno de Ricardo Maduro y como asesor legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2015.

También es asesor legal de una reconocida concesionaria de automóviles.

Actualmente, se desempeña como consultor en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y es el apoderado legal de Rafael Barahona, comisionado presidente del IHTT.

Por su parte, Mario Morazán, nacido el 4 de enero de 1977, es doctor en derecho penal por la Escuela de Derecho de Costa Rica y ejerce el cargo de fiscal general adjunto interino.

Con una carrera de 8 años en el Ministerio Público, Morazán también se desempeñó como juez de paz en Copán y como director de Derechos Humanos en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa entre 2011 y 2014.

Posteriormente, se acercó a las filas de Libertad y Refundación (Libre).

Morazán ocupó dos cargos relevantes dentro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, incluyendo el de director de Política Multilateral en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hasta la fecha de su juramentación como fiscal general adjunto interino, fungía como secretario general de la Procuraduría General de la República (PGR).

Controversia

El nombramiento de estos dos fiscales generales interinos era innecesaria según algunos abogados constitucionalistas que argumentan que, según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no existe una vacante en la fiscalía general, y Daniel Sibrián ejercía el cargo interinamente.

Además, hay un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reconoce la constitucionalidad del citado artículo de la ley del Congreso Nacional.

A pesar de lo anterior, el oficialismo siempre desconoció a Daniel Sibrián y procedió a nombrar a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscales generales interinos.

A criterio de analistas, esto plantea el riesgo de que la elección de los fiscales generales nunca se someta a votación en las restantes legislaturas del período 2022-2026 y que Zelaya y Morazán puedan ejercer los cinco años que establece el artículo 233 de la Constitución de la República.

Este no es el primer caso de fiscales generales interinos en Honduras. En 2013, Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar fueron nombrados para ocupar estos cargos de manera interina en sustitución de Luis Rubí y Roy Urtecho, respectivamente, cuyos períodos fueron interrumpidos debido a señalamientos y el posterior nombramiento de una Comisión Interventora en el Ministerio Público.

Chinchilla y Cuéllar debían concluir en 2014, periodo hasta el cual habían sido electos Rubí y Urtecho, pero el Congreso Nacional nunca sometió a votación la elección de los fiscales generales del período 2014-2019, permitiendo que continuaran en el cargo hasta agosto de 2018, cuando Chinchilla fue reelegido, ahora con Daniel Sibrián como fiscal general adjunto.

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