Los ciudadanos involucrados son Héctor Herrera Flores, Carlos Guevara Mondragón y Daniel Antonio Ardón, a quienes se les acusa del delito de fraude en calidad de cooperadores necesarios debido a la compra fraudulenta de siete hospitales móviles durante la pandemia del covid-19.

Herrera Flores desempeñaba el cargo de contador, mientras que Guevara Mondragón era administrador de contratos, ambos en la ya liquidada empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), entidad responsable de la adquisición de los hospitales móviles en 2020.

Por su parte, Daniel Ardón fungía como representante legal de la empresa AG-Industria y había sido socio del proveedor de los hospitales, el guatemalteco estadounidense Axel López, a quien Honduras también acusa de fraude.

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que en la compra de los siete hospitales móviles se cometió un megafraude. Invest-H, en nombre del Estado hondureño, destinó más de 47 millones de dólares (aproximadamente 1,200 millones de lempiras), mientras que el costo real era de 26.5 millones de dólares.

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Además de la tardía entrega por parte del proveedor, algunos hospitales presentaban equipos vencidos o usados y no cumplían con el propósito de atender a pacientes con covid-19, según determinó la Fiscalía de Honduras.

Marco Bográn, exdirector de Invest-H, y Alex Moraes, exadministrador de Invest-H, ya han sido condenados por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en relación con este caso.

Hospitales móviles II

Las investigaciones continuaron y recientemente el Ministerio Público implicó a siete personas adicionales, incluyendo a Héctor Herrera Flores, Carlos Guevara Mondragón y Daniel Antonio Ardón a quienes se les dictó prisión preventiva.

Además, el miércoles 15 de noviembre se detuvo a la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, quien enfrenta acusaciones por fraude y violación de los deberes de los funcionarios, y a quien el juez competente le dictó la medida de detención judicial.

En el supuesto megafraude también se señala la posible participación de la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, la exviceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, y la exempleada de Invest-H, Bessy Rozana Rodríguez. Estas tres personas se encuentran actualmente prófugas de la justicia, según indicó el Ministerio Público.

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