La sentencia de 45 años al expresidente Juan Orlando Hernández ha generado varios análisis en torno a las motivaciones que tuvo el juez Kevin Castel para no aplicarle cadena perpetua como a otros narcotraficantes hondureños que han sido condenados en Estados Unidos.

Tal es el caso del hermano del expresidente hondureño, Antonio “Tony” Hernández, quien cumple prisión de por vida por delitos de narcotráfico.

También el narcotraficante Héctor Emilio Fernández, alias “don H”, fue condenado a cadena perpetua por el tráfico de drogas a Estados Unidos entre 1998 y 2004, al igual que Geovanny Fuentes Ramírez.

En ese sentido, una de las explicaciones que surgió ante la sorpresiva sentencia de 45 años al expresidente Hernández es que el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos “evitó” la cadena perpetua.

No obstante, el auto acordado que rige el procedimiento de extradición, y que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 2013, no dice nada sobre una prohibición de aplicar cadena perpetua al solicitado en extradición.

Tampoco el decreto 269-2011 que reforma por adición el artículo 102 de la Constitución para permitir la extradición en casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante. Dicho decreto fue aprobado el 24 de enero de 2012, cuando Juan Orlando Hernández presidía el Congreso Nacional.

Es de mencionar también que, al igual que el expresidente Hernández, “don H” también fue extraditado a Estados Unidos y recibió prisión de por vida, lo que refuta también la versión de que el auto acordado, o cualquier otra ley, “prohíbe” la cadena perpetua.

Lo que sí garantiza el auto acordado que rige el procedimiento de extradición son los derechos fundamentales y el debido proceso.

En ese sentido, establece que se pondrá al detenido en conocimiento “de todos los derechos que la Constitución de la República, los Tratados o Convenios Internacionales y las Leyes le reconocen”.

Sorprendido

“Yo estaba cien por ciento seguro que le iban a dictar una cadena perpetua”, reconoció el jueves en el programa Frente a Frente de Canal 5 el exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil.

La opinión de Vigil, como la de muchos otros más en Honduras, se basaba en que el juez Kevin Castel le dio cadena perpetua más 30 años a “Tony” Hernández y su hermano no merecería menos.

“El juez Castel sabía perfectamente bien que el autor intelectual de esta conspiración que convirtió a Honduras en un narcoestado era Juan Orlando Hernández”, dijo el exagente de la DEA.

En su opinión, en su decisión de imponer 45 años a Hernández, el juez Castel tomó en cuenta la salud y la edad del exmandatario, que en octubre cumplirá 56 años.

“Todo mundo sabe que no es de buena salud y 45 años, aunque pueda reducir esa sentencia por buena conducta, de todas maneras, es muy probable que va a ser una cadena perpetua para el exmandatario porque yo no creo que va a salir con vida de prisión”, apuntó.

¿Negociación?

Una de las explicaciones que han esgrimido algunos analistas en varios foros es que Hernández negoció, o lo está haciendo, con la justicia estadounidense.

Entre ellos está el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, para quien "habrá un antes y un después" a raíz de la sentencia del 26 de junio.

Para el abogado penalista Marlon Duarte, la sentencia de 45 años contra el exmandatario hondureño, en lugar de cadena perpetua como a otros narcotraficantes hondureños, "es algo que jurídicamente no tiene explicación".

La justicia norteamericana "es justicia negociada y selectiva" y el argumento de que a "Tony" le impusieron cadena perpetua porque lo detuvieron en Estados Unidos "no es válido porque a Héctor Emilio lo llevaron de Honduras y le impusieron cadena perpetua igual que a Neptalí Mejía Duarte", señala.

A su criterio, la sentencia del juez Castel "no tiene un asidero jurídico ni mucho menos argumentos" para justificar la pena impuesta al exgobernante hondureño.