El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, dijo que para enfrentar el delito de extorsión se ocupa no solo a la institución y sus agentes, sino que se ocupan herramientas tecnológicas y legales para dar golpes certeros.

“Nosotros somos una parte de los factores que contribuye al combate del flagelo de la extorsión", dijo Aguilar Godoy.

Aseguro que desde 2022 se plantean para frenar el delito, un abordaje en ocho ejes estratégicos: operativo, tecnológico, comunitario, estamento legal, reforma al sistema penitenciario, interinstitucional, educativo y presupuestario.

“Hemos hecho muchas actividades, pero la problemática es integral y como tal debe ser abordada", comentó.

El funcionario dijo que hace unos años atrás en busca de neutralizar las operaciones de los grupos de extorsionadores buscaron hacer un abordaje tecnológico.

"Lo agarraron desde un punto de vista político y nosotros no somos políticos. Necesitamos las herramientas tecnológicas y legales”, aseguró.

Intentos fallidos

El jefe policial explicó que para combatir la extorsión han hecho otros intentos enfocados en la portabilidad y auditorias de la tarjeta SIM.

Para ello usarían la doble autentificación, bases de datos de los usuarios y compañías, pero esas sugerencias no han sido tomadas en cuenta.

"Se buscan soluciones y trabajamos en dar respuestas para enfrentar el delito de la extorsión", señaló el oficial.

La extorsión

El empresario del transporte, Marbyn Galo, afirmó que solo en Tegucigalpa, se paga entre taxis y buses, unos L20 millones mensuales por extorsión.

"Lo grave es que ya no solo es en las ciudades, sino que se ha extendido a las zonas rurales, para el caso en Choloma; Danlí, El Paraíso, y el departamento de Yoro", señaló.

Como Galo otros transportistas dicen que no solo hay que ver el problema desde el impacto económico, sino también en las vidas que se han perdido por este delito.

En 2022 las extorsiones en Honduras se incrementaron en 153% en comparación al año 2021, alcanzando el segundo registro más alto de la década con 1,824 denuncias, solo por debajo del registrado en 2013 con 1,929 denuncias.

El 62% de las denuncias de extorsión a nivel nacional se concentran en dos municipios: el Distrito Central y San Pedro Sula. Ambos municipios acumulan el 62% del total de denuncias a nivel nacional.

En el marco del Plan Integral de Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos (mejor conocido como el Plan antiextorsión) se adoptó el de diciembre de 2022, un estado de excepción que suspende derechos constitucionales para combatir la extorsión.

El plan y estado de excepción sigue vigente en Honduras.

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