Agregó que algunos indicadores del informe evidencian la violencia estructural, entendida como el contexto de desigualdad y precariedad que afecta a las mujeres en Honduras, limitando su acceso a oportunidades y a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.
Según el estudio, durante 2022 la crisis de seguridad alimentaria, la violencia por el accionar de grupos de narcotráfico, pandillas y los desastres naturales a causa del cambio climático, han hecho que actualmente existan cerca de 3.2 millones de personas con necesidades humanitarias en el país, de las que el 60 % son mujeres.
Las mujeres afectadas en su mayoría son del sector rural y pertenecen a grupos étnicos que enfrentan mayor pobreza, así como limitaciones de acceso a los servicios básicos y de salud.
El informe añade que la situación se agrava por la baja titulación de tierras para las mujeres, las dificultades para acceder a los créditos agrícolas en comparación con los hombres, más los cambios en los patrones de lluvia y los extensos períodos de sequía.
"Las mujeres están perdiendo el control tradicional sobre sus cultivos y fuentes hídricas, llevándolas a desplazarse en precarias condiciones y aumentando su exposición a la trata y al abuso sexual", subraya el informe.
Señala, además, que por la alta dependencia de los recursos forestales para su sustento y su aguda vulnerabilidad al cambio climático, las mujeres defensoras de los derechos humanos han estado impulsando las luchas para proteger el entorno natural, lo que ha incrementado la violencia contra ellas en los últimos años, en un esfuerzo por acallar sus voces y su participación en la vida pública.