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La reacción del Conadeh se da luego que la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, responsabilizó a la Policía Nacional de la muerte de las reclusas, señalando que 119 de los 120 casquillos encontrados en la escena del crimen pertenecían a esta institución.
Durante su participación en el foro televisivo Frente a Frente de Canal 5, Villanueva indicó que dichos casquillos tendrían grabado "IMI-PN" cuyo significado sería "Industria Militar Israelí" asignados a la Policía Nacional de Honduras.
Ante ello, la ombudsman hondureña, Blanca Izaguirre, consideró que las aseveraciones de Villanueva podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación tácita del Estado respecto a la participación de sus agentes del orden en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos.
Los cuales, agregó Izaguirre, estarían derivados de graves violaciones a derechos humanos, particularmente de potenciales ejecuciones extrajudiciales de ciudadanas mujeres bajo su custodia.
Además, añadió que la situación podría agravarse por la falta de rendición de cuentas respecto al desarrollo de la investigación judicial si se logra conformar la hipótesis de la funcionaria.
Investigación
Izaguirre advirtió que la investigación no habría sido resguardada de la contaminación o alteración de la prueba que pudieron realizar los posibles perpetradores, pues han transcurrido cinco meses desde la ocurrencia de los hechos y los responsables no han sido identificados, procesados, ni castigados.
Finalmente, instó al Ministerio Público (MP) a realizar una investigación que cumpla con los principios generales de debida diligencia reforzada para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Tragedia en Támara
Al menos 46 personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en una reyerta y un incendio registrados en la PNFAS, en Támara, Francisco Morazán.
El incidente dejó un saldo de 23 mujeres muertas a causa de armas de fuego y armas blancas, mientras que otras 23 perdieron la vida en un incendio desencadenado durante la reyerta entre miembros de dos pandillas rivales.
En ese momento, Julissa Villanueva ordenó una "intervención inmediata" en la cárcel tras declarar una emergencia por la riña.
Villanueva dijo que la reyerta era "producto de las acciones del crimen organizado" en respuesta a la intervención anunciada previamente por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara (occidente) y en La Ceiba, Atlántida (Caribe).
La situación culminó con su destitución al frente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario de Honduras.
VEA: Buscan cuerpo de una de las víctimas de masacre de 46 mujeres en la PNFAS
