La propuesta de ley especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) no establece que la Fiscalía General del Ministerio Público ordenará al mecanismo los casos que investigará, afirmó Rixi Moncada, representante de la delegación oficial que negoció con la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

En ese sentido, la exsecretaria de Finanzas explicó que la iniciativa presentada por la diputada Hortensia 'Pichu' Zelaya en el Congreso Nacional el 17 de abril estipula que el MP acreditaría formalmente a los fiscales de la CICIH para que, con autonomía, investiguen los hechos que consideren relevantes.

Según Moncada, esta acreditación no implica dictaminar qué casos se investigarán, sino más bien otorgar una autorización formal para que los fiscales de la CICIH puedan realizar investigaciones de manera independiente.

"Es una acreditación formal, no es para decirles: este hecho es el que va a investigar o este es el hecho que no va a investigar", manifestó Moncada en el foro Frente a Frente de Canal 5.

Querellante autónomo

Por su parte, la iniciativa de la diputada 'Pichu' considera a la CICIH como un querellante autónomo, lo que permitiría ejercer la acción penal sin depender del Ministerio Público, según indicó el Procurador General de la República (PGR), Manuel Díaz.

"Puede sustentar la acción penal independientemente del Ministerio Público (…) Nos encontramos con una propuesta de avanzada que convierte a la CICIH en prácticamente otro Ministerio Público", explicó Díaz, resaltando la importancia del querellante autónomo para garantizar independencia y calidad en las investigaciones.

La propuesta de ley enviada a la ONU establece que la CICIH tendrá personalidad jurídica como querellante autónomo, con atribuciones de acusador privado durante cinco años, y que el Fiscal General será el encargado de otorgar las acreditaciones de personalidad jurídica a los miembros del mecanismo que lo soliciten.

Sobre la Ley

Entre las atribuciones de la CICIH como querellante autónomo se incluyen la investigación, acusación y enjuiciamiento de redes de corrupción público-privada, así como la recepción de denuncias de personas naturales y jurídicas, remitiendo aquellas fuera de su competencia al Ministerio Público.

El proyecto de ley también aborda la financiación de la CICIH a través de contribuciones del Estado de Honduras y la comunidad internacional, garantizando inmunidades para su personal, protección contra arresto y confiscación de su equipaje, además de exención de impuestos sobre su salario y prestaciones.

Para el canciller Enrique Reina, la propuesta de ley de Xiomara Hortensia marca un camino rápido hacia la implementación de la CICIH, sin margen para dudas.

Más de 800 días sin CICIH

Desde que la presidenta Xiomara Castro prometió instalar la CICIH en Honduras en enero de 2024, han pasado más de 800 días sin que llegue. La CICIH busca ser un organismo independiente e internacional contra la corrupción, para lo cual se necesita modificar el artículo 232 de la Constitución, previsto para entrar en vigor en 2025 si se aprueba este año.

El acuerdo entre el Gobierno y la ONU, firmado en diciembre de 2022 y extendido hasta junio de 2024, busca establecer la CICIH, actualmente en negociaciones sujetas a la aprobación del Congreso Nacional. Las reformas propuestas incluyen la ley de colaboración eficaz, cambios al Código Penal, derogación de la inmunidad parlamentaria y la amnistía política, aunque aún no hay fecha establecida para su implementación.

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