La no derogación del ‘pacto de impunidad’, el debilitamiento del Ministerio Público por la falta de nombramiento en propiedad de sus máximas autoridades y un aumento en la falta de acceso a la información pública son parte de las obstrucciones que dificultarían la puesta en marcha de pretendida Comisión Internacional Contra la Corrupción en Honduras (CICIH).

Así mencionó el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, quien fue de los miembros de las oenegés relacionadas al tema de gobernabilidad y transparencia a las que los delegados de la ONU mostraron el diagnostico legal con el que se evaluó las condiciones que existen para la creación de la CICIH.

“Es un grupo de expertos con mucha objetividad, hablan las cosas tal como son”, indicó Hernández.

La propuesta de la CICIH, una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió el poder en 2022, navega en medio de contratiempos.

Y la mayoría de ellos creados por instancias gubernamentales, como la aprobación que hizo el Congreso del decreto 04-2020, o pacto de impunidad que entre otras cosas les dio amnistía a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) que fueron acusados por actos de corrupción relacionados al manejo de fondos para promover una consulta popular o ‘Cuarta Urna’ que fue declara ilegal por la Corte Suprema de Justicia.

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La ONU se muestra resistente a firmar un acuerdo de instalación de la CICIH si esta figura no derogada, remarcó Hernández.

De igual manera, dijo Hernández, pide que el Congreso elija de forma definitiva al fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, pues los actuales jefes fueron nombrados de forma interina en 2023, lo que genera incertidumbre en la institución que trabajaría de forma mancomunada con la CICIH.

Otros analistas consideran que, aunque se eliminen estos problemas, si la CICIH se instala, sería hasta en 2025, ya que el Congreso debe hacer algunas reformas constitucionales para hacer viable su operatividad, que ejecutarían este año, pero para que entren en vigencia, se tiene que ratificar el próximos.

Estas reformas están orientadas a darle a la CICH algunas facultades de investigar y presentar acusaciones sin autorización de la Fiscalía, que es quien tiene el monopolio de acción penal pública.

Pese a este panorama gris, el Gobierno considera que la negociación con sus pares de la ONU va por buen camino.

Una delegación de negociadores del Ejecutivo se reunió en Nueva York a inicios de febrero con representantes de la ONU para aprobar un texto base del convenio, lo que representa el inicio de las negociaciones formales y se trazó ‘ruta conversaciones’ para que el acuerdo sea firmado.

La ONU hizo observaciones al texto base, las que serán incorporadas por el equipo negociador de Honduras. La próxima reunión entre las partes no ha sido establecida.

Estas negociaciones se hacen en el marco de una segunda extensión del Memorándum de Entendimiento firmado entre la UNO y el Gobierno, que vence en diciembre.

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