"Si alguien va a proteger los derechos humanos de los privados de libertad, es de todos los privados de libertad, no sólo una organización criminal", mencionó Muñoz durante el foro Frente a Frente de Canal 5.

Los militares fueron claros al indicar que en las cárceles los derechos humanos de los privados de libertad tendrán restricciones mientras se pone orden, al tiempo que salieron al paso sobre denuncias de abusos que ya se estarían cometiendo en los recintos carcelarios.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, aseguró que durante la intervención de la Policía Militar en el sistema penitenciario, primero van a prevalecer los derechos de las "personas honradas".

"Primero van a prevalecer los derechos humanos de las personas honradas, lo que quieren este país, de las personas que se levantan día con día a ganarse la vida para sustentar a su familia", afirmó Fortín.

Denuncian maltrato físico

Las anteriores declaraciones dejaron entredicho la garantía de los derechos humanos para los privados de libertad, asegura el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), que además denuncia maltrato físico contra los reclusos bajo el mando de la Policía Militar.

"No cometan yerros que los hagan ver buenos y que son malos. Toda vejación a los derechos humanos es una violación a las garantías ya establecidas. La regla mínima que el privado de libertad deben de respetarse totalmente", expuso Hugo Maldonado, presidente del Codeh.

De su lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto pidió a las organizaciones defensoras de derechos humanos que investiguen antes de denunciar estos abusos y asegura que las puertas de las cárceles están abiertas para quienes quieran acompañar el proceso de ordenamiento penitenciario.

"Ya salieron unas fotos ahí que supuestamente nuestros efectivos abusaron de ciertos delincuentes, bueno, habría que ver si no son ellos mismos que están haciendo estas violaciones, habría que investigar. Pero de primas a primeras no pueden empezar a decir que nuestros efectivos están violentando los derechos humanos", manifestó Fortín.

Defensores recuerdan que la CIDH dice que militares no pueden ser rectores de las cárceles

Keneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado claro que los militares y efectivos policiales no son los indicados en el manejo de los centros penitenciarios debido a los abusos y el maltrato contra los privados de libertad.

"Debe haber un respeto absoluto en la gobernabilidad de los centros penitenciarios para que no hagan daño al resto de la sociedad, pero no podemos obviar que como seres humanos tenemos que tener un trato digno a todos los seres humanos y no tener conductas autoritarias copiadas en otros países donde no hay un respeto a los seres humanos en lo absoluto", expuso Madrid.

A partir del 1 de julio, la Policía Militar retomó la administración de los 25 centros penitenciarios en Honduras, tras una reyerta e incendio que dejó un saldo de 46 privadas de libertad muertas en Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

El sistema penitenciario de Honduras alberga a unas 21,000 personas, cuando su capacidad máxima es de 15,000, por lo que en la mayoría de los centros penales hay hacinamiento, según organismos de derechos humanos.

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