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La situación culminó con su destitución tras la trágica matanza de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional de Féminas para la Adaptación Social (PNFAS) el pasado 20 de junio.
El incidente dejó un saldo de 23 mujeres muertas a causa de armas de fuego y armas blancas, mientras que otras 23 perdieron la vida en un incendio desencadenado durante una reyerta entre miembros de dos pandillas rivales.
Julissa Villanueva, después de cinco meses de la masacre, reveló que el 96% de las municiones percutidas durante ese fatídico día estaban asignadas a la Policía Nacional. Estos casquillos llevaban la marca "IMI-PN" (Industria Militar Israelí - Policía Nacional).
Además, la subsecretaria de Seguridad señaló que algunas de las armas utilizadas en la tragedia pertenecían a la Policía Nacional.
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En referencia a las autopsias realizadas a los 46 cuerpos, Villanueva informó que se recuperaron 15 balas de los cuerpos, coincidiendo con la munición asignada a los agentes policiales.
"Ha de haber habido una confabulación con los que cuidaban en ese momento esos recintos policiales. A unas -privadas de libertad- les dieron armas y a otras no", expresó en el foro "Frente a Frente".
Con estas evidencias, la expresidenta de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario instó al Ministerio Público y a las autoridades de la Policía Nacional a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la presunta complicidad de oficiales en la masacre.
