La decisión se enmarca en la respuesta a una demanda pública realizada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) el lunes, que solicitó evidencia de supuestas prácticas corruptas por parte de los empresarios que se habrían beneficiado ilegalmente de exenciones fiscales.
"Responderé a la demanda pública hecha por el Cohep para presentar pruebas en contra de empresarios de cúpula que, de manera corrupta, utilizaron su poder económico y político para obtener beneficios ilegales a expensas del pueblo hondureño", manifestó Ochoa en una declaración pública.