La decisión se enmarca en la respuesta a una demanda pública realizada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) el lunes, que solicitó evidencia de supuestas prácticas corruptas por parte de los empresarios que se habrían beneficiado ilegalmente de exenciones fiscales.

"Responderé a la demanda pública hecha por el Cohep para presentar pruebas en contra de empresarios de cúpula que, de manera corrupta, utilizaron su poder económico y político para obtener beneficios ilegales a expensas del pueblo hondureño", manifestó Ochoa en una declaración pública.

El director ejecutivo del SAR hizo eco de sus denuncias previas en la red social X, antes Twitter, afirmando que "diez familias que concentran el poder se han enriquecido a costa del empobrecimiento de las mayorías".

El 6 de septiembre, declaró que "Honduras está controlada por una mafia de diez familias exoneradas, representadas por Cohep, que a través de su brazo narcopolítico, BOC, (Bloque de Oposición Ciudadana), busca imponer su fiscal de la impunidad".

En respuesta, el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, emplazó a Ochoa a presentar las pruebas el miércoles 13 de septiembre ante el Ministerio Público.

Urtecho acusó a Ochoa de "no actuar de manera acorde a su cargo" y de "creerse dueño de la verdad".

Además, el Cohep denunció que Ochoa ha desacreditado continuamente a los empresarios y a la organización, "tratando de convencer a la población de que todos los que contribuimos a la riqueza y el bienestar de miles de hondureños somos delincuentes".

El Cohep también responsabilizó al director del SAR de que muchas empresas hayan tenido que cerrar sus operaciones en el país, "lo que ha dejado a miles de hondureños sin empleo y sin sustento económico".

Meses de conflicto

Este conflicto entre el Gobierno y la clase empresarial deriva del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, que busca eliminar 14 de los 16 regímenes de exoneración fiscal, razón por la que ha sido rechazada por la iniciativa privada.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Congreso Nacional desde el pasado 26 de abril y ha generado profundas diferencias entre ambas partes.

Diversos sectores de la sociedad civil, especialmente la clase empresarial, argumentan que esta ley atentará contra la inversión y aumentará el desempleo.

Para su aprobación, se requieren 65 votos en el Legislativo, pero debido al estancamiento legislativo de las últimas semanas, motivado por la elección del fiscal general y adjunto, el dictamen se ha retrasado.

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