Según Espinoza, es necesario investigar a Redondo por la comisión de delitos de administración desleal del patrimonio público, pues asegura que para otorgar dinero a los diputados destinado a la ejecución de proyectos programas sociales en sus departamentos de origen se requiere una ley que regule dicha entrega.

"Al amparo del artículo 205 numeral 37 de la Constitución de la República, para dar subvenciones a los diputados se requiere una ley especial, y desde el 5 de agosto, quedó derogado el Fondo Departamental", expresó Espinoza en noticieros Hoy Mismo de TSi.

El decreto 116-2019, que contenía el polémico Fondo Departamental, fue aprobado en 2019 y permitía que todos los funcionarios públicos, corporaciones municipales, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), recibieran y administraran dinero público.

La normativa era denominada como "pacto de impunidad" porque si había mal manejo o desvío de ese dinero, el Ministerio Publico no podía investigar o emitir requerimientos fiscales en contra de los corruptos.

Sin embargo, tras la derogación de la ley el titular del Congreso, Luis Redondo, anunció la entrega de subvenciones pero previo a gestiones de proyectos y programas sociales por parte de los diputados.

Subvenciones "ilegales"

Según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), solo en 2023, la Junta Directiva del Congreso Nacional ha destinado 112 millones de lempiras en subvenciones, calificando dicha práctica como poco transparente.

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, afirmó desconocer la cantidad erogada por el Congreso hondureño en subsidios, pero señaló que "los fondos que hayan sido entregados a partir del 5 de agosto han sido entregados de manera ilegal porque no hay una ley especial que determine esas entregas".

Junto con la denuncia contra Luis Redondo, la legisladora solicitó que los fiscales interinos del Ministerio Público, Johel Zelaya y Mario Morazán, se excusen de llevar a cabo la investigación debido a posibles conflictos de intereses.

Zelaya y Morazán fueron designados como autoridades interinas del MP el 1 de noviembre pasado por la Comisión Permanente, compuesta por nueve diputados del Congreso Nacional y dirigida por Luis Redondo.

En ese sentido, Espinoza argumenta que si los fiscales interinos llevan a cabo la investigación contra Redondo, su neutralidad se verá comprometida.

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