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En ese sentido, el congresista detalló que la discusión del proyecto se agregará a la agenda de la sesión de este martes en el Congreso Nacional y necesitará mayoría simple (65 votos favorables de los 128 diputados) para convertirse en decreto.
"Ya teníamos la voluntad política de los diputados que nos iban a acompañar, estamos esperando sea ratificado (…) es una ley muy importante para lucha contra el delito de extorsión en Honduras", manifestó López en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5.
Libre asegura que el principal objetivo de la iniciativa es crear una base de datos de los usuarios de telecomunicaciones que utilizan SIM card (chips) y así combatir el flagelo de la extorsión.
Sin embargo, se ha generado polémica cuando se conoció que el artículo 23 de la ley obliga a los operadores de telecomunicaciones a entregar, sin necesidad de una orden judicial, registros de llamadas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto y registros de ocupación de direcciones IP, entre otros, a la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o Poder Judicial.
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Partidos en oposición
El Partido Nacional emitió un comunicado expresando su postura en contra de la "Ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones" por permitir el acceso a las comunicaciones sin una orden judicial.
El proyecto "contiene vicios de constitucionalidad de fondo que, de aprobarse en el Congreso Nacional, violentaría derechos fundamentales del ciudadano", según el escrito.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, indicó que la institución política no había definido una postura sobre el tema, pero apoyarán si se establece en el artículo 23 la necesidad de una orden judicial y presencia de un perito.
"Estamos dispuestos a crear mecanismos que vengan de una u otra manera terminar a terminar con la extorsión, siempre y cuando esto no vulnere ningún derecho de los hondureños", dijo ante los medios de comunicación.
En cuanto al diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, dijo a medios nacionales que la bancada no apoyará la iniciativa con la redacción actual porque considera que lesiona derechos constitucionales.
Actualmente, en Honduras está vigente la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas, la cual fue aprobada en 2011 y posteriormente reformada mediante decretos en 2014 y 2017. Esta ley establece que es necesaria una orden judicial para cualquier tipo de intervención en las comunicaciones privadas.
