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En el certificado de su despido, se mencionan diversas causas, entre ellas, un accidente de tránsito en el que supuestamente presentó un nivel ilegal de alcoholemia el pasado 31 de marzo, retrasos en la emisión de sentencias y 22 denuncias en su contra que se consideraron con mérito, según Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.
"No estoy de acuerdo, en virtud de que no se valoraron los medios que yo presenté para desvirtuar algunas de las situaciones y que además son de fundamentos jurídicos con otras leyes que son anexas", explicó Romero en el programa Frente a Frente de Canal 5.
Con relación al accidente, explicó que la prueba de alcoholemia de campo indicó un nivel superior a 11 mg, cuando la Ley de Penalización de Embriaguez Habitual permite hasta 0.07 mg. Sin embargo, argumentó que el dispositivo utilizado no había sido calibrado en los últimos seis meses, lo que le llevó a desconfiar del resultado. Además, no pudo ser certificado por el Ministerio Público debido a una huelga de sus empleados en aquel momento.
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Frente a esto, Romero optó por el resultado negativo de etanol en su organismo, obtenido a través de un examen de orina realizado en un sanatorio, 12 minutos después de la prueba de aliento y certificado por un laboratorio.
"Fue el investigador que se prestó a esta situación, junto con una funcionaria del Poder Judicial. Se prestaron para seguir con el juego de decir que mis pruebas no eran válidas y que hay una causal para mi despido", indicó la exjueza, negando haber ingerido alcohol ese día.
Otros motivos
Romero aseguró que la certificación de despido que recibió no hace mención de los retrasos en la entrega de sentencias ni de las 22 denuncias en su contra.
"Otras circunstancias no aparecen y no sé de donde las trae a conversión y por qué tienen que ser objeto de divulgación", afirmó la abogada, puesto que únicamente se hace referencia al accidente de tránsito.
Pese a ello, argumentó que los supuestos retrasos en la emisión de sentencias estaban justificados y habían sido aceptados por su superior. Además, señaló que las denuncias contra jueces son comunes en el país y contribuyen al adecuado desempeño de un funcionario judicial.
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Teniendo en cuenta estas razones, Karla Romero manifestó que su destitución es resultado de una persecución política y que el responsable es el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Esto lo atribuyó a varios sucesos, incluyendo su negativa a reconocer a Redondo como presidente al juramentar a la presidenta Xiomara Castro en su toma de posesión el 27 de enero de 2022.
También mencionó los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el decreto 04-2022, uno de los primeros aprobados por el Congreso bajo la presidencia de Redondo, que contiene la Ley de Amnistía.
Además, citó una denuncia presentada ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) contra Luis Redondo por supuestas amenazas de muerte a través de un tercero.
El despido se llevó a cabo de manera inmediata, sin otorgar derechos ni prestaciones, tras 30 años en la institución una vez que la jueza recibió la notificación por parte de la Secretaría de la CSJ. Romero dispondrá de un lapso de 10 días hábiles para presentar un reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial.
