En un comunicado, el Juzgado de Ejecución explicó una serie de medidas correctivas y de carácter preventivo que deben ser aplicadas específicamente por las autoridades de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, a las afueras de Tegucigalpa, donde el pasado 20 de junio una reyerta e incendio provocaron la muerte de 46 privadas de libertad.
Tras la masacre del 20 de junio, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció el nombramiento de un juez ejecutor encargado de investigar la matanza registrada en PNFAS.
Tras ello, el juez ejecutor debía proponer una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las privadas de libertad y el resguardo de sus vidas e integridad.
En ese sentido, el Juzgado de Ejecución señaló en su resolución que se debe implementar un protocolo de emergencias; brindar capacitación continua y especializada al personal para enfrentar situaciones de emergencia carcelaria; incrementar el personal destinado a seguridad interna y establecer patrones de vigilancia constante en el interior de los establecimientos.
De igual manera, la resolución indica que es imperativo controlar el ingreso de armas, drogas y bebidas alcohólicas, a través de registros e inspecciones periódicas; utilizar medios tecnológicos para mantener vigilado el interior y exterior de las prisiones y crear mecanismos de alerta temprana para evitar crisis, así como promover la mediación y resolución de alerta de conflictos.