En un comunicado, el Juzgado de Ejecución explicó una serie de medidas correctivas y de carácter preventivo que deben ser aplicadas específicamente por las autoridades de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, a las afueras de Tegucigalpa, donde el pasado 20 de junio una reyerta e incendio provocaron la muerte de 46 privadas de libertad.

Tras la masacre del 20 de junio, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció el nombramiento de un juez ejecutor encargado de investigar la matanza registrada en PNFAS.

Tras ello, el juez ejecutor debía proponer una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las privadas de libertad y el resguardo de sus vidas e integridad.

En ese sentido, el Juzgado de Ejecución señaló en su resolución que se debe implementar un protocolo de emergencias; brindar capacitación continua y especializada al personal para enfrentar situaciones de emergencia carcelaria; incrementar el personal destinado a seguridad interna y establecer patrones de vigilancia constante en el interior de los establecimientos.

De igual manera, la resolución indica que es imperativo controlar el ingreso de armas, drogas y bebidas alcohólicas, a través de registros e inspecciones periódicas; utilizar medios tecnológicos para mantener vigilado el interior y exterior de las prisiones y crear mecanismos de alerta temprana para evitar crisis, así como promover la mediación y resolución de alerta de conflictos.

Otras medidas

Precisan, además, que es imperativo evitar, combatir y sancionar los abusos de la autoridad con los internos; erradicar la impunidad de todo tipo de hechos de violencia y corrupción, y separar adecuadamente las diferentes categorías de reclusos.

Entre ellas, las reclusas procesadas de las condenadas; los adultos de los menores infractores de la ley; las personas adultas mayores del resto de internos y los privados de libertad por razones de pertenencia a grupos de asociaciones ilícitas.

"Que la autoridad penitenciaria adopte medidas contra el hacinamiento en las prisiones, destacándose entre ellas: la autoridad competente definirá el número de plazas disponibles en cada centro penitenciario, el cual deberá ser actualizado periódicamente; la ocupación de un establecimiento penitenciario por encima del número de plazas disponibles será prohibido por la ley", indica el informe del Juzgado de Ejecución.

Los jueces de Ejecución indican que el Estado de Honduras debe cambiar "el enfoque punitivo por un modelo basado en la persona humana que comprenderá tratamientos que tengan como finalidad la reforma y readaptación social de las personas condenadas" y que, en su calidad de garante de los derechos de los internos, adopte medidas a fin de evitar la repetición de hechos similares en los centros penitenciarios.

Entre tanto, para asegurar la asistencia legal y procesal de las reclusas, el Poder Judicial programará los turnos correspondientes en los diferentes tribunales penales a fin de garantizar el ejercicio pronto y oportuno de las defensas necesarias, durante el período de vacaciones que comprende del 3 al 19 de julio del año en curso.

Masacre en PNFAS

46 personas fallecieron en una reyerta y un incendio registrados el 20 de junio en un módulo de la PNFAS. El conflicto se generó entre pandilleras del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Las autoridades hondureñas anunciaron el pasado 18 de abril un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de móviles, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.

Desde abril, una decena de tiroteos o enfrentamientos se han registrado en las cárceles de Honduras, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento; la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos.

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