La determinación de Zelaya se basó luego que se presentara un requerimiento fiscal contra la exsecretaria de Salud, Alba Consuela Flores y la exsecretaria de Finanzas, Rocio Tábora, que, según un comunicado, estuvo "guardado mucho tiempo", por la compra fraudulenta de los hospitales móviles a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
"Dicha investigación no se había concluído y por el contrario estaba paralizado el trabajo de cara a elaborar los requerimientos fiscales, lo que evitó la persecución penal en contra de los exfuncionarios investigados", cita el documento.
En ese sentido, el fiscal general interino dio instrucciones para que la Fiscalía para el Enjuiciamiento de los servidores del sector de Justicia inicie de oficio investigaciones contra el personal de algunas unidades y agencias dependientes del Ministerio Público para que se comiencen a desarrollar procedimientos disciplinarios y administrativas contra investigadores que estarían "permitiendo las fugas de las exfuncionarias".