Muñoz aseguró que ya han diseñado un plan detallado al respecto, el cual ya fue presentado al jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, y al secretario de Defensa, José Zelaya.

"Realizamos una solicitud para que sea llevada a la señora presidenta y que ella nos autorice a trasladar estos hospitales hacia los centros penales y así poder rehabilitarlos y convertirlos en clínicas", manifestó Muñoz.

Expresó que el objetivo principal de esta propuesta es brindar atención médica a los reclusos en los propios centros penitenciarios, evitando los costos que implica su traslado a hospitales privados.

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"Que se olvide alguien si cree que va a tener beneficios, esas salidas a los hospitales privados a los privados de privado de libertad se van a terminar", agregó el comandante.

Además, explicó que los hospitales móviles actualmente se encuentran sin utilizar y que, antes de que se conviertan en chatarra, podrían ser aprovechados para brindar una mejor atención a los reclusos dentro de los centros penales.

"Nuestro objetivo es trasladar estos contenedores hacia los centros penales y convertirlos en clínicas para atender a los reclusos, de modo que no tengan que ser llevados a ningún hospital externo", expresó Muñoz.

Fracaso de los hospitales móviles e intervención de las cárceles

En 2020, con el propósito de combatir la pandemia del covid-19, el Estado hondureño adquirió siete hospitales móviles por un monto de 47 millones de dólares a través de la ya liquidada Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).

Sin embargo, posteriormente se constató que no cumplían con los requisitos necesarios para su funcionamiento, según verificó el Ministerio Público, que presentó requerimientos fiscales contra algunos de los encargados de la operación, entre ellos el exgerente y el exadministrador de Invest-H, Marco Bográn y Álex Moraes respectivamente, y también contra quien los vendió, el guatemalteco Axel López.

La recientemente disuelta Comisión Interventora de los Centros Penales, encabezada de manera efímera por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, también planteó meses atrás la posibilidad de trasladar los hospitales móviles a las cárceles del país, aunque su propuesta no logró frutos.

El anuncio de la PMOP, de trasladar estas unidades modulares a las cárceles, se produce a casi un mes de la masacre ocurrida el pasado 20 de junio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde fallecieron 46 reclusas tras un presunto ataque de la pandilla Barrio 18 a un módulo de la Mara Salvatrucha.

Como respuesta a este incidente, el pasado 22 de junio la presidenta Xiomara Castro entregó el control de los 21 centros penales del país a la Policía Militar por un año.

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