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"Las decisiones han sido políticas, entonces, el destrabe de esto va a ser político, no jurídico", dijo León en Diario Matutino de radio HRN, al indicar que el paro legislativo, la creación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y el nombramiento de los los fiscales interinos, Johel Zelaya y Mario Morazán, "fue algo premeditado".
Los fiscales interinos fueron electos el 1 de noviembre por nueve diputados que conforman la Comisión Permanente que se nombró luego que el oficialismo y la oposición no lograran consensos para elegirlos por mayoría (86 votos de 128 diputados del Parlamento).
Sobre las acciones de los fiscales interinos, León afirmó que estas son legales mientras no exista un fallo de la CSJ que las invalide, con relación a los recursos de inconstitucionalidad presentados por varios sectores contra la elección de Zelaya y Morazán.
A su juicio, la llegada de estos fiscales ha propiciado la apertura de numerosos casos de corrupción que estaban archivados, lo cual considera positivo para la búsqueda de justicia en Honduras.
No obstante, Luis León advierte que el meollo del problema radica en la validez de los casos, ya que si la CSJ determina la inconstitucionalidad del nombramiento de los fiscales, sus acciones de fondo serán igualmente inconstitucionales.
Acciones de fiscales interinos
A pesar de esto, resalta que no considera ilegales dichas acciones hasta que la CSJ lo determine oficialmente, por lo que subraya la necesidad de un acuerdo político que permita la elección de fiscales titulares en propiedad.
En caso de que la CSJ declare inconstitucional el nombramiento de los fiscales interinos, León sostiene que todos los requerimientos emitidos y sus autorizaciones serían inconstitucionales, debilitando así los casos, ya que "en derecho penal todo lo que beneficia al imputado es retroactivo".
Dentro de los requerimientos fiscales realizados por el Ministerio Público, a través de los fiscales Johel Zelaya y Mario Morazán, se encuentra el caso del presidente del Partido Nacional, David Chávez, acusado de fraude y violación de deberes por una presunta compra sobrevalorada de equipo de reparación automotriz para el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
También se han señalado a la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, actualmente detenida, y a la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en relación con el caso de corrupción "Hospitales móviles" durante la pandemia del covid-19.
Todos estos individuos desempeñaron roles en los últimos dos gobiernos del Partido Nacional, entidad que ha denunciado persecución política.
