La ASJ indicó que, aunque el diseño del plan contra la extorsión fue bueno, su implementación ha sido débil, con solo tres de las 30 acciones completadas.

Una es la reforma al estamento legal, se reformó la Ley de Lavado de Activos
(derogaciones de los decretos 57-2020 y 93 2021), pero ASJ dice que no está convencido de que se hicieron todas las reformas necesarias.

Dos, el eje educativo, en el que se perfilo, seleccionó y certificó a los miembros de la carrera policial.

Y tres, el presupuestario, se les asignaron L1,000 millones, pero la ejecución ha sido baja.

También hay tres en proceso y 24 que no se han cumplido.

Los cobros

En el informe se especifica que, de mayo a noviembre, la modalidad de extorsión mediante el cobro de efectivo se redujo; sin embargo, otros mecanismos, como las transferencias bancarias y las billeteras electrónicas, aumentaron.

Por ejemplo los pagos por transferencia bancaria crecieron de 20 % a 30 %. Mientras los pagos por billetera electrónica pasaron de 11 % a 14 %.

'Se ha incrementado el uso de plataformas electrónicas y las transferencias para el cobro de la extorsión', señaló Carlos Hernández, director de ASJ.

Según el informe de ASJ presentado en el 2022, un aproximado de L18 mil millones pagan los hondureños por el cobro de extorsión.

Extorsión avanza

Hernández dijo que la extorsión ya no se limita a ser un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades, sino que se ha extendido a departamentos como Valle, La Paz, Colón y otros, donde antes no se registraban reportes de este flagelo.

Insistió en que las autoridades no cuestionen el informe que presentan, sino que realicen los ajustes necesarios para brindar seguridad y efectividad en esta materia a la ciudadanía hondureña.

El informe evalúa los resultados del plan lanzado por el gobierno de Xiomara Castro el 24 de noviembre de 2022. El estado de excepción en Honduras comenzó el 6 de diciembre de 2022.

Otros datos

Un dato del Informe de ASJ que llama la atención es que los hondureños se sienten igual o menos seguros bajo el estado de excepción. Solo 15 % de los hondureños se sienten más seguros y 52 % se sienten igual.

Hasta octubre de 2023, se han recibido 760 denuncias, se ejecutaron 314 detenciones, y 40 casos por extorsión se remitieron al Ministerio Público.

Los departamentos más afectados son: Cortés (16%), La Paz (15%), Colón (14%), Yoro (14%) y Francisco Morazán (13%).

En cuanto a la ejecución presupuestaria asignada a la Dirección Policial Anti Maras Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco), ASJ señala que sólo se ha ejecutado 30 % del presupuesto asignado en 2023.

Se realizó una reducción de L80 millones del presupuesto general asignado. En el mes de octubre se aprobó un acuerdo ejecutivo para la compra de equipo tecnológico de seguridad. Sin embargo, aún se refleja 0% de ejecución del presupuesto en ese rubro.

Recomendaciones

ASJ recomienda ante estos hallazgos mejorar e implementar el Plan Antiextorsión que se lanzó hace un año.

"El plan tiene buenos componentes pero se observan muy pocos avances en su implementación", señalan

Por ello piden combatir la extorsión de forma integral. Aseguran que la Policía Nacional no puede combatir la extorsión sola, sino que necesita unir esfuerzos con los sectores afectados, los fiscales, jueces, sector financiero y la sociedad civil.

Piden devolver los derechos a los ciudadanoss. Esto porque en el marco del Plan
Antiextorsión se adoptó un estado de excepción que ya no parece excepcional sino permanente.

"Ha durado más que un año pero en vez de disminuir, la extorsión ha aumentado", concluyen.

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