Esta semana la Comisión de la Defensa de la Soberanía Nacional denunció a uno de los árbitros, por conflicto de intereses, acreditado ante el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI por sus siglas en inglés).

En ese sentido, para la diputada y profesional del derecho, Maribel Espinoza, la reciente denuncia pública y jurídica del Gobierno contra el CIADI en el litigio con Próspera es "más ruidosa que efectiva", pues estos casos, no se ganan en los medios de comunicación.

"Eso se denomina en el derecho, un juicio paralelo, que es el que se lleva en los medios de comunicación y no en los Tribunales. Para mí, el Estado de Honduras donde de presentar su argumentación es ante el CIADI, eso es lo correcto", dijo Espinoza.

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Y es que la Comisión de la Defensa de la Soberanía Nacional fustigó el miércoles al CIADI por aceptar el reclamos de la ZEDE Próspera y nombrar un árbitro que se convierte en juez y parte, al tener vínculos con el bufete que contrataron los demandantes.

"Lo último que uno hace a menos que exista una causa verdadera y evidente, es cuestionar a los jueces que van a decidir el asunto", señaló Gustavo León, abogado experto en arbitraje internacional.

Lo molestia

El malestar del Gobierno hondureño pasa por el nombramiento en este litigio, del árbitro méxico-alemán, Claus Von Wobeser, un enojo equivocado, dicen los consultados, al considerar que ninguna nación enseña sus cartas antes de empezar el juego.

"Que mensaje estamos enviando a todos los inversionistas al tener seis o siete casos de arbitraje de inversión. Uno puede ser circunstancial, dos pueden ser casualidad, pero seis, ¿qué son seis?, ¿qué significa?, ¿qué está pasando en el país?", expresó León.

En 1988 el país se integra a la CIADI y acepta sus reglas del juego. De esa fecha al 2022, de cuatro reclamos, Honduras pierde tres y uno está secretividad.

Solo en lo que va del presente año, el Estado de Honduras lleva seis demandas de arbitraje internacional, que se podrían perder si las práctica es descalificar antes del juicio a quienes tienen la última palabra.

ZEDE en Honduras

El 12 de junio de 2013, el Congreso Nacional aprobó la ley orgánica de las ZEDE como "espacios territoriales altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera".

Esta normativa le daba a la Zonas de Desarrollo personalidad jurídica; propia política y normativa; autonomía funcional y administrativa. Asimismo, tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva dentro de ellas.

También, estaban autorizadas a crear su propio presupuesto; recaudar y administrar sus tributos; tener un régimen fiscal independiente y orientarse por una política de bajos impuestos.

Sin embargo, el pasado 20 de abril del presente año, los 128 diputados del Congreso Nacional votaron de manera unánime para derogar la Ley Orgánica de las ZEDE.

De esa forma, los congresistas, apoyaron se hiciera real una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. No obstante, al ser una reforma constitucional para entrar en vigor, debe pasar por la ratificación en la próxima legislatura.

Después debe cumplir con la sanción del Ejecutivo y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En Honduras se realizan tres proyectos de ZEDE: uno en Roatán, denominada "Próspera".

Los otros dos son en San Marcos de Colón, Choluteca, llamada "Orquídea" y Morazán" en Choloma, Cortés.

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