El político obtuvo un finiquito del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y un amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo eximen de responsabilidad administrativa, civil o penal derivada de la licitación mencionada. Además, un juez ejecutor ordenó el cierre de la investigación del Ministerio Público.

Según el abogado Marco Zelaya, si David Chávez hubiera solicitado a la Fiscalía remitir el caso a un juez para obtener un sobreseimiento definitivo, habría evitado ser requerido nuevamente por el Ministerio Público. Por no hacerlo, el 28 de noviembre pasado se emitió una orden de captura en su contra por fraude y violación de deberes de funcionarios, relacionados con la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el Infop de Catacamas, Olancho.

"Pedir un sobreseimiento definitivo se debió haber hecho en aquel momento, no se hizo y deja la ventana abierta, por eso se presenta un requerimiento fiscal. No siguieron el procedimiento", expresó el jurista en el programa 30/30 de TSi.

Aunque el actual requerimiento sea un "proceso irregular", según Zelaya, por abordar un hecho ya investigado, Chávez debe presentarse al mismo para cerrar el caso, ya que este fue emitido y es irreversible.

El penalista Marlon Duarte comparte la misma perspectiva y afirmó que el ahora imputado tenía el sustento jurídico para no dejar la "puerta abierta" a este requerimiento en su contra.

"Yo hubiera solicitado al fiscal que solicitara al juez penal o natural que me emitiera un sobreseimiento definitivo, eso era todo para no dejar brechas abiertas", señaló.

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Caso David Chávez

La orden de arresto contra David Chávez fue solicitada por el Ministerio Público a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con carácter "inmediato", horas después de que las autoridades migratorias, durante la madrugada, lo requirieran en el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, cuando se disponía a salir hacia Estados Unidos.

Cuando fue requerido por Migración, supuestamente por portar dos pasaportes (ordinario y diplomático), Chávez salió de la terminal con rumbo desconocido en un vehículo que llegó a recogerlo. El político confirmó que actualmente no se encuentra en Honduras.

De acuerdo con el documento emitido, fundamentado en la denuncia DMCP-001-2016 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en 2015, se presume que Chávez es responsable directo de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración pública.

Según la denuncia, David Chávez autorizó la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el Infop de Catacamas, Olancho. El costo del software, según el caso denunciado, fue de 75.8 millones de lempiras, pero fue sobrevalorado en 21.9 millones de lempiras.

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