Según la solicitud, el propósito es formalizar que Sibrián asumirá las responsabilidades del cargo de fiscal general debido a la ausencia de Chinchilla y esto será así hasta que se designe a un nuevo titular, conforme al artículo 18 de la Ley del Ministerio Público.

Además, el fiscal, cuyo mandato de cinco años concluyó el pasado 31 de agosto, hizo referencia al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), el cual establece que los funcionarios designados por el Congreso Nacional permanecerán en sus cargos hasta que se elija a sus sucesores.

En seguimiento a dicho oficio No. FGAML-002-DSB-2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó al fiscal adjunto que no procederá con el trámite ante la CCJ, argumentando que "no se encuentra ejerciendo la función del cargo de Fiscal General Adjunto del Ministerio Público, ya que su periodo constitucional ha expirado".

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La Cancillería fundamentó su respuesta en el artículo 242 de la Constitución de la República, el cual únicamente contempla el interinato hasta la elección de nuevas autoridades en los puestos de diputados al Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Corporaciones Municipales del periodo que finaliza.

"En su caso, en fecha 1 de septiembre de 2023, finalizó su periodo como fiscal general adjunto del Ministerio Público", concluyó la respuesta de Relaciones Exteriores a Daniel Sibrián.

El analista político y exdiplomático, Wilfredo Guevara, catalogó esta situación como un desorden organizado que pretende que la acción penal prescriba y no encuentren delitos que investigar, destacando que "no es improvisado".

"El 242 (de la Constitución) con el 80 (de la LOPL) no se contradicen, están vigentes ambos; uno regula a los magistrados, alcaldes y otros, y el otro regula específicamente a los funcionarios que el Congreso Nacional eligen", explicó en TN5 Matutino de Canal 5.

En otro punto, el abogado señaló que la solicitud de Sibrián busca formalizar y asegurar que pueda asumir las funciones que dejó Chinchilla sin enfrentar ningún problema legal.

Honduras aún no ha designado a las autoridades del Ministerio Público para el periodo 2023-2028, ya que el Congreso Nacional no ha logrado reunir la mayoría calificada (86 votos de 128 diputados) necesaria para elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto.

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