El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó en una conferencia de prensa desde el Congreso Nacional que "esa sesión que convocó Luis Redondo es ilegal por varias razones".

Zambrano basó su argumento en el hecho de que, según la Constitución de la República, el Congreso Nacional se encuentra actualmente en un periodo ordinario de sesiones, mismo que concluye este jueves a las 11:59 de la noche.

Ambos partidos, el Partido Nacional y el PSH, coinciden en que la convocatoria a sesión extraordinaria debe realizarse dentro del periodo de sesiones y durante una sesión plenaria, como ocurrió en la primera legislatura del período legislativo 2022-2026, cuando los diputados, a través de la votación una moción, aprobaron la extensión del periodo de sesiones hasta el 24 de enero de 2023.

Según Zambrano, "no se puede convocar a una sesión extraordinaria sin haber cerrado el periodo de sesiones ordinarias".

PSH también rechaza convocatoria

Esta posición es compartida por el PSH, que este martes presentó una solicitud formal a Luis Redondo para extender las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, en cumplimiento con el artículo 189 de la Constitución de la República que establece el cierre de dichas sesiones para el 31 de octubre.

El PSH argumentó en su escrito que es un deber de los 128 diputados celebrar sesiones de martes a jueves y que esto no debería impedir el desempeño de sus responsabilidades electas.

Sin embargo, recientemente, han sido convocados para participar y votar en una sesión extraordinaria programada para el 2 de noviembre.

El PSH, ante la imposibilidad de presentar una moción ante el pleno del Congreso Nacional debido a la parálisis legislativa que existe desde el 31 de agosto, solicitó de manera urgente que se convoque a la sesión correspondiente antes de las 11:59 de la noche "para que, mediante una resolución del pleno, se apruebe una ampliación del período de sesiones correspondiente a la segunda legislatura".

El Congreso Nacional se encuentra en una parálisis legislativa que suma dos meses ante la falta de consensos para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto del período 2023-2028.

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