Los fondos departamentales se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.

El dictamen fue presentado por el presidente del CN, Luis Redondo, y tras ser discutido en tercer y último debate, fue aprobado con 82 votos a favor.

Para blindar la ley (del Fondo Departamental), el CN presidido por Mauricio Oliva del Partido Nacional, en su artículo 21, estableció que para cualquier reforma o derogación se requeriría la votación de dos terceras partes de los diputados, es decir, 86 votos.

Sin embargo, Redondo explicó que la derogación del 116-2019 era válida con los 82 votos a favor, ya que al momento de comprobar el quórum, se cumplían las dos 2/3 partes de los diputados.

Previo a la derogación del Fondo Departamental se generó una diversidad de opiniones de diputados representados en las diferentes bancadas de los partidos políticos en el Congreso Nacional.

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"Este pacto de impunidad nace como una respuesta al excelente trabajo que venía haciendo la Maccih de la mano con la Ufecic. Para poder frenar estas investigaciones, crearon el decreto 116-2019", manifestó Fátima Mena, vicepresidenta del CN.

El Partido Nacional anunció desde un principio que iba a votar en contra de la derogación del decreto 116-2019 si no se derogaba el decreto denominado pacto de impunidad aprobado el año pasado en el CN.

Sin embargo, el diputado nacionalista Jorge Zelaya se salió de la línea del partido y dijo que votaría a favor de la derogación del decreto que daba vida al Fondo Departamental.

"Vamos apoyar todo lo que signifique lucha contra la corrupción, impunidad y narcotráfico. Por eso mi voto será a favor de que se derogue el decreto 116-2019", dijo el Zelaya.

De su lado, el parlamentario del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, felicitó a la junta directiva del Congreso por la iniciativa de derogar el decreto que daba vida al Fondo Departamental.

Por su parte, Marco Tulio Rodríguez, diputado del Partido Liberal, recomendó al Pleno del Congreso Nacional derogar de una sola vez todos los "pactos de impunidad" y no uno por uno.

La derogación del decreto 116-2019 y otras leyes consideradas contentivas pactos de impunidad ha sido una de las sugerencias realizadas al Gobierno por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Corrupción en el Fondo Departamental

Los fondos se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales aprobada por el Congreso en octubre de 2019, durante la gestión de Mauricio Oliva, del Partido Nacional.

Fueron creados, originalmente, en 2006 durante la administración del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y se contempló en el Presupuesto General de la República.

Lo anterior implica que mientras la normativa no fuera derogada, los parlamentarios podían solicitar recursos que, según los antecedentes, son fuentes de corrupción.

"Red de diputados" fue el primer caso de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en el que señaló a cinco congresistas por haber desviado recursos del Fondo Departamental a cuentas personales y de familiares.

El pasado 1 de septiembre de 2022, un juez de letras dictó sobreseimiento definitivo a favor del diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani Castañeda, y del exdiputado José Vicente León.

Asimismo, se dictó sobreseimiento provisional para los exdiputados: Oswaldo Ramos Ramos, Ricardo Antonio Díaz y Rodimiro Mejía Merino.

Los parlamentarios fueron acusados de fraude y lavado de activos por crear ONG con las que, supuestamente, desviaron al menos 18 millones 950 mil lempiras entre los años 2013-2017.

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