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La alerta se activo porque en 21 casos que conoce el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y que tienen que ver directamente con el desalojo de tierras, se denunció el uso excesivo de la fuerza y las armas.
Las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de grupos vulnerables son constantes y en la zona del Bajo Aguán, denuncian ese uso desmedido de fuerza y serias violaciones a los Derechos Humanos.
"La Policía está generando bastantes agresiones, también se ha acusado de asesinar a defensores, así como de torturar y amenazar con torturarlos y tirarlos al río Agúan", denuncia Leonel George, líder del Aguán.
Visión represiva
Joaquín Mejía, abogado en Derechos Humanos, la alerta evidencia que el Gobierno tiene una visión represiva del problema de tierras y sobre todo, que los desalojos se reaizan vulnerando estándares internacionales.
"Es tiempo que el Congreso Nacional haga una revisión del delito de usurpación porque eso es lo que ha primado que es darle mayor importancia a la propiedad como tal y no a la vida y dignidad de las personas que necesitan el acceso a la tierra", dice Mejía.
En la alerta, el Conadeh exhorta a la dirección del Sistema de Protección y a la Secretaría de Derechos Humanos a proteger a la familia de Kevin Meza.
Meza es un campesino integrante de la Empresa Asociativa Campesina Isleta (EACI), asesinado el 15 de octubre de 2023, en el Bajo Aguán.
