Silvia Ayala, presidenta de la comitiva, señaló que la documentación entregada este día al fiscal general interino, Johel Zelaya, será remitida y verificada por la comisión especial de casos de alto impacto en la vida general.

En ese contexto, los expedientes presentados contemplan que durante la gestión de Chinchilla, el Ministerio Público emitió una opinión para que la Sala de lo Constitucional declarara sin lugar los recursos de inconstitucionalidad contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Además, manifestó opinión a favor de se declararan inaplicables los artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial, abriendo camino a la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

La opiniones del Ministerio Público en materia de constitucionalidad no son vinculantes, es decir, son ilustrativas para que la Sala de lo Constitucional los tenga como insumo para emitir su fallos en casos de recursos.

Por otra parte, la Comisión denunció que la Fiscalía redujo las capacidades de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), disminuyendo salarios y quitando logística, a pesar de que esta tenía avances en casos de corrupción.

Ayala también mencionó la muerte de Sheryl Hernández, coordinadora en Santa Rosa de Copán de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Ante las pruebas de un asesinato, se decidió cerrar administrativamente el caso y determinar el deceso como suicidio.

Según la Comisión, solo existen ocho expedientes administrativos de muertes por la crisis poselectoral de 2017 (reelección de Hernández), cuando Medicina Forense realizó 27 autopsias.

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El fiscal general interino también recibió un caso de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración del Patronato Nacional de Infancia (Pani). Esto ocurrió después de que se erogaran L230 millones para merienda escolar durante el confinamiento y clases virtuales por la pandemia del covid-19, que llegó a Honduras en marzo de 2020.

Las autoridades interinas del MP también recibieron el caso relacionado con la compra de camiones usados a Israel por más de L80 millones.

Ayala también señaló el "Robo Parlamentario del Siglo", una denuncia interpuesta el 21 de junio de 2017 por la aprobación de decenas de contratos de energía lesivos.

"Estos casos comprueban que tanto por acción como por omisión, existen indicios de responsabilidad de los extitulares del Ministerio Público, Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián Bueso", manifestó la diputada Silvia Ayala ante los medios de comunicación.

Asimismo, la presidenta de la Comisión Especial manifestó que Johel Zelaya tomará acciones sobre dichos casos "a la mayor brevedad posible".

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