El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) autorizó este viernes construir un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) para 20 mil privados de libertad en la zona despoblada de los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.

El CNDS liderado por la presidenta Xiomara Castro, contó con la participación de la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, los ministros de Seguridad y Defensa, Gustavo Sánchez y José Manuel Zelaya.

Asimismo, estuvieron presentes el fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández Aguilar.

Mediante una cadena nacional de radio y televisión, el CNDS dio a conocer el plan denominado: "Las acciones radicales del Plan de Solución contra el Crimen".

Intervención de municipios con altos índices de violencia

Como primer punto, la mandataria hondureña, quien llevó la voz cantante en el CNDS, determinó que las Secretarías de Seguridad y Defensa, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), de forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país.

Estos últimos, identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita; y el lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado.

En virtud de esta situación de Emergencia declarada en materia de Seguridad, también se ordenó construir de inmediato un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20 mil privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.

Este CRE estará acondicionando los espacios físicos necesarios propiedad del Estado de Honduras con el mismo fin.

Los privados de libertad actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional, procesados por los crímenes anteriormente señalados en esta resolución serán trasladados de inmediato al CRE.

CNDS ordena capturar cabecillas de bandas criminales

De igual forma, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad dio luz verde a la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables (se acompaña el listado).

Así mismo, establecer el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal.

Además, se intensificará la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento y destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.

Isla del Cisne

Por su parte, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, anunció que contando con la respectiva Licencia de Impacto Ambiental la Junta Interventora del Sistema Penitenciario Nacional deberá iniciar en un plazo máximo de dos semanas el proceso de licitación, adjudicación y construcción de este Centro de Reclusión Penitenciario.

Está cárcel de la Isla del Cisne, será de máxima seguridad con capacidad para 2,000 reos y estará ubicada a 250 kilómetros de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras.

Recluirá a narcotraficantes, reclusos de alto perfil, personas que hayan cometido actos de corrupción y cabecillas de bandas criminales del país.

Reformas al Código Penal

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que ese Poder del Estado deberá reformar el Código Penal, para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos, sean calificadas como terroristas.

Asimismo, develó que se deberá reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes.

"El CN someterá a aprobación en su tercer debate la Ley para el control de la venta de tarjetas SIM CARD, CHIP O ESIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la Ley de Colaboración Eficaz", adelantó Redondo.

Al tiempo que advirtió que las empresas autorizadas que comercializan con esta tecnología en caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma legal.

El titular del Legislativo hondureño también anunció reformas al Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del Sistema de Seguridad y Justicia: Policías y Militares, Jueces y Fiscales.

"Reformar el Acuerdo Número 01-2016 del Directorio del Banco Central de Honduras (BCH), Reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro, que utilizan billeteras electrónicas", apuntó.

Acciones del Poder Judicial

De su lado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, precisó que el Poder Judicial deberá establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia del país.

Los cuales, puedan sustituir los altos costos de vigilancia permanente por parte de efectivos policiales o militares, en el caso de adultos mayores, personas con enfermedades terminales o viviendo con alguna discapacidad. Este beneficio no cubre las personas procesadas por los delitos a los que se refiere esta resolución.

Finalmente, la CSJ y la Fiscalía General del Estado se comprometen para el día lunes 17 de junio 2024 designar el número de Fiscales y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y PMOP para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes.

Es oportuno mencionar que, la Secretaría de Seguridad Publica será la responsable de coordinar en colaboración con la Secretaría de Defensa, las Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público la ejecución del presente Plan de Soluciones Radicales Contra el Crimen.