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La Comisión también urgió al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas y efectivas, con perspectiva de género, para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres bajo custodia, y garantizar la no repetición de los hechos.
Además, advirtió que estas muertes se produjeron en un contexto de violencia que caracteriza los centros penitenciarios de Honduras desde hace años, derivado de la lucha por el poder entre las estructuras criminales; y, en la actualidad, como manifestación en contra de acciones estatales de combate a la criminalidad organizada.
Seguidamente, recordó que durante su reciente visita in loco, recibió información sobre situaciones de corrupción que facilitan el ingreso de armas y la pérdida, por parte del Estado, de la gobernanza y el control de los centros de detención.
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"Abriendo espacio para un sistema de autogobierno liderado por las estructuras criminales, especialmente en los centros de máxima seguridad y la Penitenciaría Nacional Femenina", reza parte del comunicado de la CIDH.
También destacó la solicitud presidencial dirigida al Poder Judicial para conceder medidas sustitutivas a todas las mujeres con detención preventiva en la PNFAS.
Así como a aquellas que padecen enfermedades terminales, sumado a las acciones en apoyo a las familias afectadas que incluyen la proporción de un subsidio económico.
Medidas concretas
La Comisión apuntó que los Estados tienen el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas.
Las acciones mencionadas deben incluir: implementación de protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad, incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior.
Asimismo, imponer controles efectivos para impedir el ingreso de armas y otros objetos ilícitos y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles.
Por último, la Comisión señaló que los funcionarios públicos de carácter civil, debidamente entrenados, son las personas idóneas para atender a la reinserción social y realizar funciones de administración y seguridad interna de las personas privadas de libertad.
