El caso involucra a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), así como a seis exfuncionarios, señalados de participar el desvío de L288,016,175.00 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Analistas y expertos en derecho penal consultados por este medio digital expresaron su esperanza de que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) pueda enmendar el pasado oscuro de la corte anterior, caracterizado por la falta de fundamentos objetivos e imparcialidad en fallos políticos.

Kenneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y experto en derecho penal, expresó que la actual Corte tiene que evitar cometer los mismos errores de su predecesora, que, dijo, basó sus fallos en "impulsos partidarios".

"Como sociedad civil, esperamos que esta Corte pueda enmendar ese pasado oscuro que dejó la corte anterior, donde definitivamente no hubo fundamentos objetivos, independencia ni imparcialidad, sino fallos políticos. Donde se veía claramente el impulso partidario en los casos, como en el caso Pandora", manifestó.

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Además, Madrid dijo que lo más adecuado sería remitir este caso a la jurisdicción común para evitar que "políticos juzguen a políticos, evitando fallos politizados. Recordemos que estamos hablando de figuras importantes en los partidos políticos, y quienes eligieron a la actual Corte son los diputados de esos partidos políticos".

A criterio del analista en gobernabilidad y democracia, Omar García Calderón, lo ideal sería que la elección de los magistrados de la CSJ para el período 2023-2030 entre los partidos políticos, no influya en la independencia judicial.

El pasado 16 de febrero, tras intensos cabildeos entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal, más de 115 diputados del Congreso Nacional eligieron a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030.

La distribución fue la siguiente: Libre, con 6 magistrados; Partido Nacional, con 5; Partido Liberal, con 4.

El pacto entre los tres principales partidos (Libre, Nacional y Liberal) podría activarse en este contexto, dijo a tunota.com García Calderón, y allí se pondría a prueba la calidad de elección de los actuales magistrados de la CSJ que hizo el Congreso Nacional.

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"El pacto entre los tres partidos podría activarse, y en este caso, veremos si las acusaciones contra personajes conocidos prosperan, a pesar de toda la evidencia presentada. Definitivamente se pondrá a prueba la calidad moral de la Corte Suprema de Justicia", manifestó García Calderón.

Pandora

Lobo Sosa fue acusado de fraude, mientras que a Hernández se le imputa fraude y lavado.

En el requerimiento fue incluido el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato (2012-2018), acusados de fraude y lavado de activos relacionados con hechos ocurridos entre 2010 y 2013.

Las acusaciones se centran en una red de corrupción que habría facilitado la aprobación de desembolsos de L288,016,175.00 para la SAG y luego fueron transferidos a las fundaciones "Todos Somos Honduras" y "Dibattista" para que ejecutara proyectos sociales.

Los fiscales argumentan que estos fondos se desviaron hacia campañas electorales a través de empresas ficticias, prestanombres y contratos falsos.

Los expertos consultados basaron sus análisis en el caso "Pandora I", presentado en 2018 por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-Maccih), que destapó esa malversación de unos L282 millones y por lo cual fueron acusadas otras personas.

Las primeras ordenes de captura fueron libradas el 21 de julio de 2018 por la entonces juez de la Corte Suprema, Lidia Álvarez Sagastume, de abierta afinidad con el Partido Nacional.

El 27 de julio de ese mismo año, Álvarez Sagastume emitió un fallo que absolvía a los implicados del delito de lavado de activos. En su lugar, decidió aplicar medidas sustitutivas a la prisión, reclasificando el delito como encubrimiento, lo que resultó en la liberación de los acusados.

Finalmente, el 5 de agosto de 2020, una corte de apelaciones integrada por los entonces magistrados del Supremo, Jorge Zelaya y Edwin Ortez, nacionalistas, y la liberal María Fernanda Castro, emitió sobreseimientos contra 22 de los 29 acusados en el caso Pandora I, entre los cuales figuraban varios diputados y alcaldes del Partido Nacional y Partido Liberal.

Uno de los implicados, el exsecretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, inicialmente recibió prisión preventiva, pero el 10 de diciembre de 2020 se le permitió beneficiarse con prisión domiciliar.

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