En el documento remitido al juez Kevin Castel, Shroff presentó una objeción contra la solicitud de la Fiscalía de evitar la designación de abogados-fiscales con acceso limitado a la información clasificada.

"En primer lugar, queda dentro de la discreción del Tribunal permitir que el demandado presente su alegato complementario. Esto es especialmente así cuando faltan 4 meses para la fecha del juicio, el gobierno no ha respondido a una moción para obligar a la presentación de pruebas no clasificadas, y esa respuesta podría cambiar los contornos de la decisión del acusado", dice Shroff.

Seguidamente, señala que los fiscales no dan ninguna razón de por qué no debería ser designada -ella- como perito y que "tampoco explican por qué no respondieron a una solicitud presentada por un abogado que no tiene el acceso necesario para ver información clasificada".

El pasado 28 de septiembre, la misma Sabrina envió al juez Castel un escrito en el que pedía "equidad" en los plazos para las defensas, como la Fiscalía, para la revisión del material clasificado.

En tal sentido, señala que la producción de documentos no clasificados por parte del gobierno (Fiscalía) podría afectar la notificación adicional presentada por el acusado bajo la Sección 5 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA por sus siglas en ingles).

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Además, manifiesta la experimentada abogada estadounidense, que la Fiscalía tendrá la oportunidad de litigar los problemas relacionados con la Sección 6 del CIPA en el futuro.

De igual forma, la defensa del exmandatario hondureño argumenta que, no hay precedente legal (jurisprudencia) que obligue a este tribunal a seguir lo que otro tribunal hizo en "un caso diferente y claramente distinto".

Finalmente, Shroff solicitó al juez Castel que la decisión del tribunal sobre este asunto se posponga hasta que la Fiscalía responda a la solicitud del acusado y que se le permita enmendar o retirar su notificación adicional, según sea necesario.

Cronograma para entrega de información clasificada adicional

Sobre las recientes objeciones presentadas por la abogada Sabrina Shroff, por los límites de tiempos para la revisión del material clasificado y la no respuesta de la Fiscalía a la moción del demandado para obligar a la presentación de pruebas, el Juez Castel dice: "perjuicio es mínimo".

"El perjuicio para el acusado es mínimo porque el propio gobierno identificó áreas que pueden ser relevantes, materiales para la defensa y proporcionó la información clasificada al acusado, aunque en forma redactada o sustituida", respondió Castel en un documento el pasado 29 de septiembre.

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De igual forma, señaló los tiempos que deben seguirse en el proceso, para llegar al 5 de febrero de 2024, al juicio conjunto.

Ese día se verán las caras Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda,

"El gobierno deberá responder antes del 6 de octubre de 2023 a la afirmación del abogado de la defensa, de que no ha respondido a la moción de obligatoriedad del acusado (ECF 559)".

Además señala que como la Fiscalía no ha proporcionado un cronograma propuesto para la presentación de documentos clasificados adicionales, deberá hacerlo.

"El gobierno también proporcionará un cronograma propuesto para su moción de la sección 6 de la CIPA. Así se ordena", dice la comunicación girada por el juez.

El proceso

Desde que el juez Kevin Castel anunció que el expresidente Hernández enfrentaría un juicio junto con el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial de la Policía, Mauricio Hernández, las defensas han buscado un juicio por separado, aunque sin éxito alguno.

Castel basado en los vínculos entre los tres acusados y que forman parte de un mismo proceso es del criterio que, por economía procesal, deben enfrentar el juicio juntos.

Ahora cada defensa con la información clasificada que recibe, más la que ha acreditado a lo largo del proceso establecen las estrategias de defensa.

Raymond Colón, defensor de JOH, dijo a medios internacionales (agencia AFP) que teme que alguno de los dos coacusados puedan declarar en contra del expresidente.

De hacerlo, aseguró que sería para obtener una rebaja en la pena si colaboran con la justicia estadounidense.

Juicio de JOH

Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado el 21 de abril de 2022, enfrentará un juicio por narcotráfico el próximo 5 de febrero de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

A JOH, conocido así por sus siglas, se le acusa de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y del uso y posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.

La reprogramación surgió después de que el juez a cargo, Kevin Castel, accediera a la solicitud de la defensa para disponer de más tiempo a fin de analizar la abrumadora evidencia en contra del expresidente hondureño.

Con 60 días de antelación al juicio, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York deberá entregar el material y revelar la identidad de los testigos que comparecerán en el juicio.

Además, la audiencia preliminar quedó programada para el 18 de enero de 2024, fecha en la cual tanto la defensa como la Fiscalía acordaron estar preparados para evitar más retrasos en el juicio.

Castel sugirió la idea de unificar los juicios de JOH, con el de Juan Carlos 'El Tigre' Bonilla y Mauricio Hernández a solicitud de la Fiscalía, lo cual condujo al aplazamiento del juicio, originalmente planeado para el 24 de abril de 2023 y luego reprogramado para el 18 de septiembre.

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