En este contexto, la congresista de Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, negó categóricamente la entrega de estas remuneraciones, argumentando que no están contempladas en la normativa del Poder Legislativo.

No obstante, la congresista admitió que se otorgan subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo, respaldándose en el artículo 205, numeral 37 de la Constitución de la República. Explicó: "No es lo mismo que un bono, ya que cuando cualquier diputado, de cualquier bancada, firma una solicitud para aprobar una subvención, autoriza que, si no se liquida, se deduzca del salario".

En respaldo a la posición de Ayala, el diputado de Libre, Netzer Mejía, enfatizó que no se otorgan bonos, ya que estos no son liquidables. Señaló: "Ahora, para atender necesidades básicas, se deben presentar la factura y la solicitud, y si no se liquida, se descuenta del salario".

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Entrega de subvenciones están al margen de la Constitución

En cuanto a la legalidad de las subvenciones, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, reconoció que están contempladas en la Constitución. No obstante, argumentó que para su otorgamiento se requiere una ley especial que regule dichos desembolsos, y actualmente, esa legislación no existe.

"El numeral 37 del 205 establece que debe crearse una ley especial en los casos en que procede el otorgamiento de un subsidio y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social (...) no existe -esa ley-", manifestó.

En relación con estas afirmaciones, el exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, opinó que estas remuneraciones son equivalentes a bonos pero con otro nombre. Afirmó: "Es utilizar dinero del Congreso para que los diputados hagan campaña política".

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