El BOC acusó a Luis Redondo, a quien consideran un "usurpador" de la presidencia del Congreso Nacional, de haber violado la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo durante casi dos años.

Según el BOC, Redondo "es un instrumento dócil de las directrices del Poder Ejecutivo, léase Manuel Zelaya Rosales, que mal administra los intereses de Honduras y lo utiliza para los oscuros propósitos de apoderarse de la institucionalidad del país".

El BOC también reiteró que el expresidente Mel Zelaya, quien gobernó Honduras de enero de 2006 a junio de 2009, está "realmente a cargo del país a través de su esposa, la presidenta Xiomara Castro", y pretende "perpetuarse en el poder a través de una asamblea nacional constituyente, que le permita destruir el Estado democrático y representativo y sustituirlo por un régimen autoritario de izquierda".

Rechazo a fiscales

Además, el BOC rechazó el nombramiento del fiscal general interino, Johel Zelaya, y del fiscal general adjunto, Mario Morazán, asegurando que su designación se llevó a cabo de manera ilegal por la Comisión Permanente del Congreso, que se instaló el miércoles 1 de noviembre, tras el cierre del período de sesiones con dos meses de inactividad.

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Los dos nuevos fiscales debieron haber asumido sus cargos el 1 de septiembre, pero esto no fue posible debido a la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas del Parlamento, donde el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) solo contaron con 52 votos de los 86 necesarios para lograr una mayoría calificada.

El partido Libre había nominado a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal adjunto, mientras que las tres principales fuerzas de oposición, los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, juntos sumaban 72 votos de los 128 diputados que integran el Legislativo.

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Estos partidos habían propuesto a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendárez como fiscal adjunta del Ministerio Público.

Inactividad legislativa

Las sesiones ordinarias en el Congreso se suspendieron desde el 31 de agosto, pero el presidente del Legislativo, Luis Redondo, nombró una Comisión Permanente para que pudiera continuar con las sesiones ordinarias desde el 1 de noviembre hasta el 24 de enero de 2024.

El nombramiento de los fiscales se produjo después de un incidente violento en las afueras del poder del Estado, donde seguidores de Libre agredieron a diputados de la oposición que se autoconvocaron en una sesión para extender el período de sesiones ordinarias.

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En este contexto, se han violado varios artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de la Ley del Ministerio Público, relacionados al periodo de sesiones y elección de autoridades de segundo grado, entre ellas de la Fiscalía General del Estado, indicó el BOC.

El BOC denuncia que se vulneraron los artículos 4, 189, 202, 205, 208 de la Constitución, así como el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público.

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La plataforma opositora informó que están organizando actividades, incluyendo movilizaciones pacíficas, para protestar por el nombramiento de los fiscales interinos y otras acciones del gobierno que ponen en peligro la democracia y las libertades de Honduras.

Además, según el BOC, el gobierno pretende utilizar a la Comisión Permanente del Congreso para elegir la nueva junta de comandantes, de la Fuerzas Armadas de Honduras, así como las vacantes de algunas instituciones del Estado, cuyo nombramiento corresponde al pleno del soberano Congreso Nacional.

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