El representante de la organización Jóvenes Contra la Violencia, Cristóbal Pérez, indicó que 4,000 familias están siendo desterradas de sus hogares en San Pedro Sula, al norte de Honduras, por diferentes estructuras criminales.

"Las maras y pandillas buscan un control total", afirmó Pérez.

Además, detalló que otro factor importante en estos desalojos es la disputa territorial entre las diferentes estructuras criminales.

El estado de excepción no solo está generando una crisis humanitaria, sino que también refleja la ineficacia en la aplicación de las leyes que rigen el cuidado de los ciudadanos. Tal es el caso de la política nacional de prevención de la Violencia hacia la niñez, adolescencia y juventud, la cual no ha sido actualizada en los últimos 10 años, explicó Pérez.

"Quieren actualizar conceptos y políticas, y no contamos con ningún estudio que nos permita entender los resultados de las acciones tomadas hasta ahora", indicó Pérez.

Asimismo, detalló que las zonas más vulnerables a estos desalojos incluyen Rivera Hernández, Chamelecón y Cofradías, donde las familias viven bajo constante amenaza y presión por parte de las maras y pandillas.

Caso similar

El pasado 23 de junio, una pareja decidió mudarse de la Residencial Honduras a la Colonia El Mirador, recibiendo ayuda de tres jóvenes. Sin embargo, no lograron completar la mudanza y desaparecieron por más de cinco días.

Posteriormente, la policía encontró sus cuerpos sin vida, al parecer porque la casa que iban a habitar era de interés de una estructura criminal.

Redacción: Yilian Samai Alonzo Raudales