Para Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el paso que la Organización de Naciones Unidas (ONU) espera para avanzar en la lucha contra la corrupción es eliminar los decretos que frenan una posible misión
Emitir un informe con esos decretos e incluso leyes que aseguró no ocupan mayoría calificada para avanzar en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Impunidad en Honduras (CICIH).
"No hemos conocido ningún intento por lograr esos votos que requieren mayoría simple para avanzar. Creo que ningún partido político quiere que la CICIH llegue al país", señaló Castellanos en entrevista con HRN.
Son más de 12 leyes que blindan la impunidad y ojalá qué la ONU, después de esta visita, tenga un balance definitivo para ver si el Gobierno en realidad quiere o no quiere a la CICIH.
"Si esto continúa en un ir y venir de viajes a Nueva York y a Tegucigalpa, el tiempo se está agotando. Tenemos 18 meses de este Gobierno y creo que más bien la agenda está puesta en las elecciones del próximo 2025", lamentó este lunes la exrectora en Diario Matutino de HRN.
Acciones reales
Se debe pasar del discurso a la acción, no ver a la CICIH como oferta de campaña, sino que los partidos deben ofrecer un combate real a la corrupción.
"Si el país muestra que va a combatir la corrupción y la impunidad, que la CICIH puede venir qué bien y si no va a ser un sueño postergado o una demanda postergada", asegura la exrectora.
Pero todo pasa primero porque los diputados deroguen las leyes y ante los escenarios Julieta Castellanos es una convencida que la CICIH no vendrá.
Castellanos dice que las dudas estaban planteadas en el Gobierno que insistió en pagar a los funcionarios de la misión y en seleccionar a los miembros que integrarían la misión.
"Con esa exigencia del Gobierno ponía frenos y creo que los frenos contribuyeron a que se alargara hasta este tiempo este pedido", señala.
La exrectora considera que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, no han tenido voluntad.
"Ojalá que esta sea la última visita para definir si se puede o no se puede. Después de dos visitas y de ver el panorama que hay, se verá con claridad sí se puede o no, pero más de dos no serían necesarias", advierte.
Decretos de Impunidad
Edmundo Orellana, coincide también en que el retardo desde el Congreso Nacional, en la que dijo, muchos de los diputados se han amparado en decretos de impunidad, como el 116-2019, el 27-2020 y el 93-2021.
"Falta lo que pase en el Legislativo, que es el refugio de un montón de sinvergüenzas que se ampararon a las leyes de impunidad para no ir a la cárcel y que expulsaron a la MACCIH", indicó en relación a que el convenio que dio vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) no fue renovado en 2020.
Sin embargo, el oficialismo, ejercido por Libertad y Refundación (Libre), asegura que es la falta de disposición del Partido Nacional y de algunos legisladores del Partido Liberal lo que está obstaculizando el avance.
Sólo la presidenta garantiza una Cicih
Para la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, el Gobierno de Xiomara Castro es el único que puede garantizar la instalación de la Cicih.
“No hay que estar en el país in situ para conocer la realidad y el contexto en el que vive Honduras, no podemos desconocer que seguimos siendo un país cooptado por estructuras criminales que operan desde diferentes instancias”, declaró la congresista.
Un país atrapado
Según señaló Julieta Castellanos, Honduras está atrapada y las instituciones también por los partidos políticos.
"Esos partidos son los protagonistas y responsables de lo que ha pasado en el país. Son partidos de caudillo, todos los partidos políticos tienen caudillos que los dirigen, hombres fuertes y esa es la historia del país", acotó.
Aseguró que los partidos políticos asumen el nombre de quiénes los dirigen y esos cacicazgos se trasladan inclusive a los departamentos.
"Los partidos seguirán siendo instancias del control del poder, de las instituciones y los que en realidad gobiernan son personas que están por encima de la ley", cuestionó.
Con ese panorama, Castellanos asegura que es muy difícil que las instituciones puedan funcionar, porque estos funcionarios están correspondiendo a estas estructuras de poder.
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